Como ocurre en otras ciudades, Cuenca vive días tensos en torno al servicio urbano de transporte.
Quienes lo dan, desde hace más de un año exigen el alza de las tarifas, sin revisarse durante una década.
En contravía, el incremento de precios del diesel se aplica mes a mes, según la metodología aprobada por el gobierno anterior.
Los transportistas fueron obligados a cambiar el parque automotor, uno de los requisitos previos a aplicarse la tarifa de 34 centavos. Y la única manera de cumplir fue endeudándose con la banca privada. Según sus dirigentes, les queda por pagar 60 millones de dólares. Transcurrido más de un año no se concreta aquel incremento.
Sobrevino la pandemia y con ella, como ocurrió con casi toda actividad económica, se dinamitaron los ingresos de ese sector de la transportación.
Aún no se firma el acuerdo de integración técnica, tecnológica y económica entre la Cámara de Transporte y la Unidad Ejecutora del Tranvía. Para esto, esa instancia municipal necesita de independencia.
Esto permitirá implementar el sistema integrado del transporte, tal como lo dispone la ordenanza. De lo contrario, Cuenca seguirá con el servicio del tranvía y el de los buses, en ambos casos con cuantiosas pérdidas, en el primero, “disfrazadas” de subsidios por más de USD 10 millones anuales.
Cuando los transportistas presionan con marchas, la administración municipal, en una especie de ensayo, de contrapunto a lo mejor en interpretación de otros, anuncia la posibilidad de adquirir buses eléctricos, sin duda un buen proyecto desde lo ambiental.
Cualquier sistema de transporte debe basarse en la garantía del equilibrio económico. Ninguno es autosustentable si la intención es municipalizarlo, a no ser por subsidios, a fin de cuentas, pagados por los mismos beneficiarios.
Sobre la base de estudios técnicos o de actualizarlos, nada cuesta sentarse a dialogar, entender la realidad, no endosar la culpa a nadie, sopesar la crisis de los sectores populares, y tomar decisiones sin necesidad de santiguarse ni política ni electoralmente. Debe primar el sano juicio de parte y parte.
