Así es y debe ser. Un derecho de las personas, acreditado por su trabajo, irrenunciable e imprescriptible. Es una necesidad humana básica, que toda sociedad debidamente organizada tiene el deber de garantizar a través del imperio de la ley, la gestión aseguradora, no es una dádiva sino obligación de justicia. El Estado Ecuatoriano, tiene que garantizar a sus ciudadanos las prestaciones de jubilación, salud y más servicios necesarios para una vida digna, Para tal finalidad desde el primer día de trabajo, obligatoriamente, se debe cumplir con el aporte imprescindible para su sostenibilidad. Ese aporte es el fruto del trabajo que sostiene la Seguridad Social.
El IESS, como entidad específica de prestaciones para sus afiliados se fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia, luego debe organizarse en la dimensión de sus finalidades. Sanear y optimizar al IESS es un objetivo primordial. Ninguna condición negativa debe impedir realizarlas. El 9,45 % del sueldo aporta personalmente el afiliado mientras que el empleador aporta el 11,15 % del salario, lo que da un total del 20, 60% de la remuneración percibida, este es el valor que se aporta por el trabajador más el 40% de complemento estatal para el acervo patrimonial de los fondos previsionales.
Al momento, teniendo en cuenta las condiciones peculiares de larga data, agravadas por la crisis de salud del COVID 19, la población económicamente activa del Ecuador es de 8.3 millones de personas y la inactiva es de 4.3 millones, el número de afiliados cifra 2. 860.000 personas, por ende, inmensamente inferior a la población hábil para trabajar y aportar al IESS. Corresponde entonces optimizar las fuentes de trabajo e inversión. El desarrollo integral de la comunidad nacional lo requieren. En tal perspectiva, la corrupción, el despilfarro, el exceso de la nómina deben ser superadas no con la privatización del IESS cuanto con la seguridad jurídica debidamente ejercida. (O)
