Ante perspectiva de que la mayoría de la Asamblea Nacional, se oponga a los varios proyectos de ley y de reformas legales, que el Ejecutivo anunció se presentará en fecha próxima, el Gobierno adelanta que se pudiera, eventualmente, convocar a una consulta popular que no solamente trataría sobre las reformas legales planteadas por la administración de Guillermo Lasso, sino otros aspectos, como la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y el fortalecimiento de la dolarización en el país.
Estos dos últimos temas, de hecho serían una especie de envoltorio formal, en la seguridad de que serían respondidos afirmativamente, para disimular lo que podríamos denominar el “núcleo duro” de la eventual consulta, es decir las reformas legales y nuevos proyectos en los campos financiero, laboral y tributario, en donde se produce desde ya, es decir antes de la presentación formal de estos proyectos, la cerrada oposición de bancadas como las de Pachakútik y el Correísmo, que ya han dado a conocer sus posiciones respecto a esos proyectos.
Para el Gobierno es de vital importancia que una consulta popular se realice dentro del presente año, habida cuenta de que los índices de popularidad del Régimen, que según las encuestas se mantienen relativamente altos, más el éxito incuestionable del proceso vacunatorio a por lo menos 9 millones de ecuatorianos, puede servir de base para un triunfo oficialista en la hipotética consulta.
Si se posterga esta, la administración de Guillermo Lasso sufrirá el inevitable desgaste, y le será más difícil que sus propuestas sean aprobadas por el electorado. Por lo tanto, corre el tiempo y será necesario que se defina cuanto antes la fecha para la realización de la consulta, habida cuenta de que con seguridad no habrá los votos necesarios en el Parlamento para la aprobación de las polémicas leyes y reformas de carácter financiero, tributario y laboral. La estrategia oficialista, debería en este caso apurar los cronogramas para la citada consulta.
