Quito.- En el caso que se investiga la negociación supuestamente irregular de 21 mil pruebas para detectar covid-19, la Fiscalía acusó, en calidad de autores, a siete procesados por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada, entre ellos el expresidente Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo Bucaram, un exagente de Tránsito y cuatro personas más.
En el primer día de audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, que se desarrolla en el Complejo Judicial Norte de Quito, la fiscal del caso fundamentó su dictamen acusatorio sobre la base de más de cuarenta elementos que los siete implicados tienen en común, por lo que pidió que se dicte auto de llamamiento a juicio.
Según la fiscal, las supuestas irregularidades se habrían configurado entre marzo y junio de 2020, los meses más duros de la pandemia, pero las actividades ejercidas por los procesados para intentar legitimidad sus acciones se extendieron hasta el mes de octubre.
De acuerdo con el dictamen acusatorio de Fiscalía, durante ese tiempo se conformó una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos, movilizando incluso bienes y servidores públicos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito, cuyos agentes se habrían encargado de brindar seguridad a los extranjeros Oren Sheinman y Shy Dahan. (este último asesinado el 8 de agosto en la Penitenciaría del Litoral), para el traslado de las pruebas de diagnóstico de Covid-19 hasta Guayaquil.
Las presuntas actividades ilícitas se habrían registrado en Pichincha, Guayas, Santa Elena y Esmeraldas, ocasionado delitos contra el régimen económico, de desarrollo y la fe pública.
La Fiscalía determinó que los dos israelíes involucrados en el caso habrían actuado como los presuntos líderes de la supuesta organización; mientras que al exmandatario, su hijo y al resto de investigados se los señala como colaboradores. (ASM)-(I)
