Organizaciones señalan que anteriores decretos de estado de excepción y emergencia no dejaron resultados positivos.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional reforzaron la vigilancia de los centros carcelarios del país, esto tras del Estado de Excepción decretado por el Gobierno durante 60 días en el sistema penitenciario. De su parte, la Fiscalía y unidades policiales realizan la identificación de los cadáveres de las personas privadas de la libertad asesinadas durante los hechos de violencia ocurridos en la Penitenciaría del Litoral, ubicada en Guayaquil. Decenas de familias afrontan el dolor y luto; hubo un total de 116 fallecidos, varios cuerpos quedaron destrozados, decapitados y hasta incinerados. Además, se registró 80 heridos.
Para las autoridades, lo urgente es que no se repliquen hechos similares en otras cárceles del país, mientras comisiones de Derechos Humanos exigen la aplicación de un verdadero sistema de rehabilitación social.
En Cuenca
Pedro Palacios, alcalde de Cuenca, señala que no es suficiente recuperar el control de las cárceles, sino generar una política pública necesaria para que se cumpla con una verdadera rehabilitación social.
Xavier Barrera, concejal de Cuenca, señala que en el gobierno de Lenín Moreno se cerró el ministerio de Justicia, que tenía una visión integral sobre la rehabilitación social en el país, la cual no tiene solo que ver con la infraestructura y la seguridad, sino con un verdadero proceso de reinserción social, laboral y familiar.
Así se disminuyeron los recursos que estaban destinados para el fortalecimiento del sistema carcelario. En la actualidad tenemos las consecuencias. Progresivamente ha crecido el número de amotinamientos y de personas fallecidas al interior de las cárceles. Este año se enfrenta la peor crisis penitenciaria del país.
El principal problema del sistema penitenciario es estructural: no hay recursos para el incremento de agentes penitenciarios, tampoco para generar mantenimiento y repotenciación en los centro de privación de libertad. Ejemplo, en la cárcel de Turi no funcionan las cámaras de seguridad, no funcionan los escaners de seguridad ni los inhibidores de teléfonos celulares, explica Barrera.
Anteriormente, la Corte Constitucional se pronunció ante los decretos de emergencia y estados de excepción dictados por el Gobierno anterior, llamó la atención y dispuso que debía generar un plan de acción a mediano y a largo plazo, para atender la crisis carcelaria y se debía dejar de decretar estados de excepción o declarar la emergencia.
Derechos humanos condenan masacre
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la masacre de reclusos ocurrida en la Penitenciaría del Litoral y pidió al Ecuador que investigue lo sucedido.
La CIDH advierte que en lo que va del año en Ecuador «más de 200 personas» han fallecido como resultado de la violencia en las cárceles.
Además, pidió implementar acciones para evitar la repetición de asesinatos, como aumentar la seguridad y vigilancia en las penitenciarías, y prevenir el accionar de grupos criminales.
Se recuerda que los Estados tienen el deber jurídico de adoptar medidas que garanticen los derechos a la vida, integridad personal y seguridad de las personas bajo su custodia.
Cuestionan la rehabilitación en cárceles
La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) señala que la tercera masacre en los centros de privación de libertad revela el incumplimiento del Estado en sus obligaciones de garantía y protección de los derechos de las personas privadas de libertad y la ineficiencia de los sistemas nacionales e internacionales de protección de derechos.
Desde la primera matanza, ocurrida en febrero de 2021, las organizaciones de derechos humanos manifestaron que la crisis penitenciaria, se debe, entre otras, a la falta de políticas públicas integrales con enfoque de derechos humanos que aborden las problemáticas estructurales de los centros de privación de libertad, que son origen de todos los escenarios violentos que ocurren en las cárceles.
Sin embargo, la única respuesta del Estado ha sido aplicar sucesivos estados de excepción y estos solo han sido preludio de otra masacre subsiguiente.
Esta situación revela también el incumplimiento de los dictámenes de la Corte Constitucional por parte de las otras instituciones del Estado y de las sentencias obtenidas en varias acciones jurisdiccionales presentadas por colectivos de la sociedad civil.
El Presidente de la República, en su pronunciamiento sobre la reciente masacre y las medidas que decidió adoptar, señaló que el nuevo Estado de Excepción se declara para garantizar los derechos a la vida y a la integridad de las personas privadas de libertad y la obligación del Estado de protegerlas de forma reforzada y de brindarles atención prioritaria. No obstante, nuevamente, las medidas concretas que anunció se reducen, a la militarización y a “restablecer” la situación en los centros de privación de libertad. Cuándo han cumplido los centros de privación de libertad con su función de rehabilitación, cuestionan.
La Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos pide se declare emergencia humanitaria a todo el sistema penitenciario y que se solicite urgentemente ayuda técnica internacional, aceptando que el Estado no tiene la capacidad técnica de poder solucionar los problemas estructurales de la crisis penitenciaria.
Operativo con mas de 900 uniformados
Más de 900 policías y militares ejecutaron, ayer, un operativo de registro y control en el interior de la Penitenciaría del Litoral.
La comandante general de la Policía, Tannya Varela, detalló que los policías se suman a un contingente militar desplegado con varias tanquetas.
En esta segunda operación de la Policía actuaron las unidades tácticas Grupo de Intervención y Rescate (GIR), Grupo de Operaciones Especiales (GOE), Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA) y Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), además de Criminalística, con el objetivo de retirar las armas a los reclusos.
Los cuerpos de los fallecidos permanecen las morgues en proceso de identificación. Muchos fallecidos están despedazados y varios decapitados, según imágenes que han circulado por las redes sociales. (KOQ)-(I)
APOYO
Autoridades de Cuenca, piden que con el nuevo Estado de Excepción no se realice traslado de reclusos de otros centros penitenciarios hacia la cárcel de Turi.
El Alcalde de Cuenca pide que el Presidente de la República cumpla su ofrecimiento de campaña: volver a la cárcel de Turi a ser únicamente regional.
