El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, cierra su semana más crítica desde que llegó al poder en mayo con la matanza el martes de 118 reos en una cárcel de Guayaquil y el rechazo, el miércoles, de la Asamblea Nacional a tramitar su ley de reforma económicas y laborales.
La reyerta del martes puso de manifiesto la grave crisis carcelaria y de seguridad que vive el país andino, donde expertos consideran que carteles extranjeros vinculados al narcotráfico financian a bandas locales que se disputan el mercado, sobre todo en torno a ciudades portuarias por las que sale la droga.
PROBLEMA DESBORDADO
«Esto es un desborde de un problema que identifica claramente una pugna entre presos, que no se expresa sólo adentro de las cárceles sino afuera», dijo a Efe el politólogo de la Universidad de las Américas (UDLA) César Ulloa, para quien los problemas de delincuencia en Ecuador han escalado a niveles de crimen organizado.
Para él, ni la Policía ni las Fuerzas Armadas «han tenido un debido entrenamiento para enfrentar este problema, que está desbordado» pues tras la masacre del martes, incluso el sábado, hubo enfrentamientos entre presos en una cárcel de Guayaquil, en tanto que la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, dijo este domingo que los centros de privación de libertad «se encuentran bajo el control de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas».
En opinión de Ulloa, el Gobierno debe asesorarse con expertos de países donde ya se ha registrado esta situación pues «en Ecuador no hay quién sepa del tema», pues cuenta con académicos que pueden analizar los sucesos pero no administrar un sistema de cárceles con los problemas actuales.
Ve en Colombia el caso más cercano en este tipo de experiencias y menciona la posibilidad de que, desde organismos internacionales, un grupo de expertos puedan apoyar al país, que mira estupefacto el drama de la crisis carcelaria.
«Este es un asunto de prioridad, pues no es un tema solo de las cárceles, es un tema de seguridad nacional porque lo que sucede adentro, posiblemente esté sucediendo afuera», comentó al analizar uno de los hechos más graves que afrontó el Gobierno esta semana.
¿RETORNO AL BLOQUEO?
Esta semana, Lasso también sufrió un revés cuando el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional devolvió un proyecto catalogado de urgente en materia económica, que contenía polémicas reformas laborales y tributarias.
El CAL decidió devolver al Ejecutivo el proyecto, tras detectar errores en el procedimiento constitucional, según señaló el Consejo, encargado de revisar que las iniciativas cumplan con los requisitos legales.
Y resolvió solicitar al mandatario que subsane las observaciones identificadas, a fin de que sea presentado nuevamente.
«El país retorna al bloqueo», resumió Ulloa al anotar que Lasso no goza de ningún tipo de mayoría en la Asamblea, ni musculatura en territorio, lo que le deja un estrecho margen de acción.
Por ello, aboga por una tregua política y la definición de acuerdos mínimos: «La sociedad está cansada de ver que todo se rechaza, que todo se bloquea, que nadie está de acuerdo en nada».
«De cualquier sector, de izquierda o de derecha, hay bloqueo. Lamentablemente en Ecuador no hay un partido de centro con fuerza», por lo que Lasso debe procurar un diálogo, anotó al considerar que el presidente -quien propicia un «Gobierno del Encuentro»- debe abrir un poco más la cancha y escuchar diversos criterios.
Insistió en que Ecuador «va a un bloqueo y un proceso de confrontación» y abogó por una tregua política de unos seis meses para que el Gobierno tenga «margen para que asiente sus ideas, sus criterios» y que la economía dé señales de un mejoramiento.
Pero también allí ve dificultades pues no solo ve confrontación contra el Gobierno, sino entre partidos e, incluso, disputas dentro de los grupos políticos de la misma tendencia: «Ya no es un tema ni siquiera de polarización ideológica sino de fragmentación dentro de los mismos bloques». «Entramos en una dinámica de todos contra todos».
Pero ve una luz y considera «saludable» que mañana inicien conversaciones entre el Ejecutivo y sectores sociales, entre ellos indígenas, para tratar asuntos puntuales del país, lo que es «una buena señal» para tratar de evitar que estalle una conflictividad social. EFE
