Después de que en marzo del 2019, Ecuador firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la entrega de USD 4.200 millones, tanto el monto como las exigencias han variado, ahora el crédito asciende a USD 6.500 millones, de los cuales se ha recibido USD 4.802, y los compromisos que el país adquirió a cambio del préstamo se han flexibilizado poco a poco.
En las primeras revisiones, durante el Gobierno del expresidente Lenín Moreno, ya se evidenciaron ciertas laxitudes por parte del FMI: se desistió del incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA); la exigencia de traspasar al sector privado bienes por USD 2.000 millones, que luego descendió a USD 1.000 millones y actualmente ya no se la contempla; también fue disminuyendo el ajuste fiscal.
La actual renegociación entre el Gobierno ecuatoriano y el FMI, cuyos detalles se conocieron este jueves, no está exenta de la flexibilidad que el organismo internacional ha demostrado con el país.
En primer lugar, el ajuste fiscal, que significa disminuir el desfase entre lo que se gasta y el dinero que ingresa, ya no será del 5,5% del Producto Interno Bruto, sino solo del 4,5%.
Gasto público
El sector que deberá sacrificarse para conseguir ese ajuste fiscal será el gasto público, que deberá reducirse el 3,5%, tan solo el 1% provendrá de los impuestos, lo cual equivale a USD 1.000 millones.
Para alcanzar esta meta de recaudación se deberá aprobar, hasta finales de octubre de 2021, la Reforma Tributaria que el presidente Guillermo Lasso incluyó en el proyecto de ley de Oportunidades, la cual le fue devuelta por la Asamblea Nacional el pasado 29 de septiembre y cuyo destino todavía no se ha definido, pues el primer mandatario informó que insistirá en la propuesta, pero hasta el momento no lo ha hecho.
Sin embargo, el FMI resalta que dicho proyecto fue enviado al Legislativo el 24 de septiembre con carácter económico urgente, por lo que la Asamblea solo contaba con 30 días para analizarla, tiempo que, para el organismo, ya estaría transcurriendo.
El ajuste fiscal además provendrá en 1,5% de las mejoras en el proceso de compras públicas, el 0,9% de la reducción de gastos asociados con la pandemia, el 0,9% de la racionalización del gasto corriente y el resto de la reducción del gasto en subsidios.
Entre los compromisos del país, ya no se insiste en la reforma laboral, también incluida en aquel proyecto.
Sin embargo, el FMI resalta que el crecimiento económico del país, cuyo pronóstico llega al 2,8% hasta el 2026, podría acelerarse con base en el impulso de reformas estructurales en materia laboral.
Ecuador también se comprometió a realizar reformas legales en las áreas de mercados de bienes, mercados financieros (que garanticen mejor acceso) y para lograr que el Estado sea más eficiente y transparente. Además, se deberá reducir la dependencia de las cuentas públicas de los ingresos petroleros.
A mediano plazo
Ecuador, además se comprometió a cumplir metas a mediano plazo, lo cual incluye los años 2021 y 2022. Entre estos objetivos están la consolidación fiscal a través de hacer más hincapié en la racionalización del gasto público, que deberá reducirse en 4,2% para el final del actual Gobierno a través de mejoras en las prácticas de adquisiciones, menores subsidios a los combustibles y racionalización del gasto, incluida la masa salarial.
También se espera conseguir un 0,3% del PIB a través de la mejora en la recaudación y controles aduaneros y otro 0,5% de contribuciones especiales de corporaciones y personas de alto patrimonio.
Además, deberá comenzar a operar el Subsistema de Control Nacional (SNC) para combatir la corrupción y a finales del 2022 el país será evaluado por el FMI por el nivel de transparencia alcanzado en el manejo de los fondos públicos. (I)
