Destrabar el conflicto que vive el país pasa por distintas premisas. La primera, el Ecuador no ha conseguido terminar con una práctica monista del ejercicio de la política; segundo, no está en juego el Gobierno, sino la democracia misma; tercero, hay revueltas, mafiosos y agitadores en todos los espacios, que están apostando al todo para desestabilizar y recuperar sus dineros, mejor dicho el dinero que se llevaron de los ecuatorianos.
En este escenario, la causa del Gobierno no es ajena a la causa de los ciudadanos. Explico. Si se obstaculiza por todo lado sus intenciones y deberes, el Estado se adormece y aletarga el desarrollo para sus nacionales.
La Asamblea Nacional ha hecho méritos suficientes para demostrar que sus preocupaciones descansan en la visibilización individualista de sus miembros, la contienda de bulto y los desapegos a la ética. No es un parlamento de altura y respeto; al contrario, ha servido para fines desestabilizadores y extensiones de quienes tienen sed por volver al poder para cuidar su botín.
El Presidente ha decidido el camino de bajar tensiones y volver a intentar con la Asamblea. Enviará proyectos de ley por separado que se refieren a materias tributaria, laboral y de inversiones. Ya no intentará en un solo paquete. Es un ensayo más mesurado y de diplomacia inter orgánica por destrabar el conflicto. En este panorama hay mucho que perder. La Asamblea volverá al mismo abanico de errores y dilaciones.
Así, la disolución de la Asamblea por parte del Ejecutivo es el camino. Hay un precio de petróleo alto que le permitirá ejecutar obra, podrá realizar decretos-ley durante al menos 3 meses sin un Legislativo que obstaculice, recibiría fondos internacionales que esperan, dotaría al país de certidumbre y progreso; entonces, crecería inclusive su popularidad. Destrabar el conflicto del país tiene un camino previsto en la Constitución: la activación de la muerte cruzada por parte del Presidente de la República. Demorarse es el error. (O)
