El presidente de la Comisión parlamentaria de Garantías Constitucionales, José Fernando Cabascango, insistió este jueves en la importancia de que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, comparezca para esclarecer su aparición en los papeles de Pandora.
Cabascango convocó nuevamente al mandatario ecuatoriano para este viernes a dar su testimonio en la Comisión que investiga su actuación en relación a la publicación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, bajo la figura de «prevención de ley, después de que el miércoles rechazara presentarse.
Sobre ese llamado «obligatorio» al presidente, el asambleísta por el movimiento plurinacional Pachakuti, dijo a Efe que «obliga a todos los funcionarios públicos a que brinden información y tengan que comparecer al pedido o llamado de alguna Comisión en el marco de las competencias de control y fiscalización político».
E interpelado acerca de la obligatoriedad de su comparecencia, comentó que el jefe de Estado es un funcionario público.
«En este caso, estamos en un proceso de investigación y creo que hay que dejar en claro que el presidente, al ser la autoridad de la función ejecutiva, sigue siendo un funcionario público», expresó.
La convocatoria a una nueva comparecencia se produjo en la misma jornada a la que habían sido convocados a declarar Lasso, su esposa, uno de sus hijos y cinco colaboradores del mandatario, ninguno de los cuales se presentó a las sesiones.
Su cónyuge y el hijo se excusaron el martes con el argumento de que al no ser funcionarios públicos no estaban en la obligación de comparecer, mientras que Lasso adujo que no es esa Comisión el organismo que debería investigar el caso, sino la Contraloría, a la que el 6 de octubre pidió verificar su declaración jurada de patrimonio.
Insistió, además, en que toda su renta «ha sido de fuentes ecuatorianas y ha sido declarada en Ecuador», donde ha «pagado todos los impuestos de ley», «588.864.479,38 dólares» en los últimos tres lustros.
De momento se desconoce si el jefe del Ejecutivo acudirá a la convocatoria, pero Cabascango recordó que el Pleno de la Asamblea Nacional dio un plazo limitado de 30 días, que concluye el 6 de noviembre, para cerrar las comparecencias y presentar un informe sobre el caso.
Adelantó también que los integrantes de la Comisión, que inició sus gestiones este lunes, han pedido la intervención de organismos nacionales e internacionales.
«Sus familiares no son funcionarios públicos y no están obligados a comparecer», concedió el legislador, pero sostuvo que «debe ser de interés del presidente Lasso y de todos los ecuatorianos el poder esclarecer ese vínculos que hace el Consorcio de Periodistas al momento de divulgar estos documentos». EFE
