El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dijo «respetar» la independencia de la Fiscalía General del Estado, tras conocerse que ha abierto una investigación previa en relación a su aparición en los papeles de Pandora, y asegura que «responderá ante los organismos pertinentes».
«El jefe del Estado -fiel a sus principios democráticos- respeta el accionar de todas las instancias judiciales del Estado, por lo que responderá ante los órganos pertinentes para reiterar el cumplimiento de la ley y transparencia en todas sus acciones, tal como ya ha hecho en ocasiones anteriores», dice un comunicado difundido a primera hora de hoy pero que lleva fecha del jueves.
En el parte, el presidente ecuatoriano, investigado sobre su pasado tributario y posibles bienes en el exterior, asegura estar comprometido con el respeto «a la independencia de funciones», y asegura que gracias a ese «compromiso presidencial» Ecuador cuenta «hoy con un sistema judicial autónomo como exige la Constitución y la democracia».
«Por lo que el Ejecutivo será respetuoso de la gestión de estas entidades», asevera.
La Fiscalía de Ecuador abrió una indagación previa contra el presidente después de que el excandidato presidencial indigenista Yaku Pérez presentara una denuncia formal el día 6 en la que exigió que se pidiera a la Hacienda ecuatoriana (SRI) todos los movimientos financieros del mandatario y de sus familiares cercanos desde 2013, cuando se presentó por primera vez como candidato presidencial.
Según la investigación periodística de los Papeles de Pandora, Lasso habría controlado 14 sociedades «off-shore», la mayoría con sede en Panamá, y las habría cerrado luego de que en 2017 se aprobara una ley que prohibía a los candidatos electos y funcionarios públicos tener empresas en paraísos fiscales.
La oposición quiere saber no obstante cómo se deshizo de ellas exactamente, a quien las traspasó, si se ha incurrido en un delito de testaferrismo al hacerlo y, si antes de 2017, hubo evasión o elusión de impuestos.
Lasso ha asegurado repetidamente que se deshizo de las propiedades en 2017 y que todos sus ingresos provienen de rentas en Ecuador, y que pagó los impuestos que corresponden.
Su caso está también en manos de una comisión parlamentaria que investiga el caso, y ante la que el mandatario se ha negado a declarar esta semana en dos ocasiones.
Tras no hacerlo el miércoles, recibió una notificación de comparecencia obligatoria «bajo prevención de ley», aunque este jueves el mandatario volvió a anunciar que no iría y refrendó su invitación para que los miembros de la comisión lo visiten en el Palacio de Gobierno cuando hayan terminado todos los testimonios.
La Comisión de Garantías Constitucionales tiene previsto reunirse esta mañana para analizar sus próximos pasos. EFE
