Durante los últimos meses Ecuador se ha visto en un escenario en el que predomina la violencia de diversos tipos, más de un centenar de muertos tras los disturbios carcelarios, situación que continúa sucediendo a pesar de todas las precauciones que han instalado el gobierno y las autoridades de turno.
A estos acontecimientos se suma la violencia que se vive diariamente en las calles: asesinatos, secuestros, asaltos, actos de narcotráfico y anuncios de manifestaciones frente a las decisiones del gobierno. Es obligación del Estado tomar las medidas necesarias, basadas en condiciones de gobernabilidad y convivencia democrática, para contrarrestar la lamentable situación que afecta a toda la ciudadanía.
El gobierno debe marcar un camino de soluciones acertadas ante los conflictos actuales, que además constituyen elementos esenciales para la cohesión social y la legitimidad política. Es lamentable que la clase política priorice sus actitudes personalistas y los intereses de partido sobre los urgentes acuerdos para restaurar la seguridad y un mínimo de gobernabilidad en el país. La clase política debe darse una tregua ante tantas discrepancias, acusaciones y obstruccionismo, porque el único gran perdedor es el pueblo ecuatoriano. (O)