Uno de los derechos básicos de los ciudadanos es el de la confianza o certidumbre en la seguridad jurídica por el imperio de la ley para vivir en paz, trabajar y disfrutar de la familia y la necesaria confianza en los las relaciones sociales, de manera especial al sabernos protegidos, por el poder estatal en pleno ejercicio de su facultad sancionadora y el monopolio legítimo de la fuerza al servicio de la sociedad.
Pero en estos tiempos el crimen organizado se ha fortalecido al punto que el sistema carcelario se encuentra contralado por las mafias y los delincuentes que han sido sentenciados por ser los autores de asesinatos, tráfico de drogas, violación y robos con daño en las personas y en las cosas, delitos económicos contra los bienes públicos, peculado y más tipos penales que se califican por su peligrosidad, refinamiento y la grave conmoción social que causan.
La Legislación Penal a partir de las normas constitucionales en vigencia, se encuentra distorsionada con el garantismo pro delincuencial, que hace de las víctimas del delito, ciudadanos desprotegidos de la seguridad jurídica. Estas son razones de fondo para la derogatoria de tales normas, la elaboración de un nuevo sistema jurídico realmente PRO HOMINE mediante la vigencia objetiva del Estado de Derecho. Tengamos presente que los delitos antes puntualizados son formas execrables del crimen organizado. Erradicar la delincuencia es el deber básico del Estado mediante la aplicación irrenunciable de su poder sanciondor, ejerciendo su potestad en todo el territorio de su soberanía. En tal perspectiva las políticas públicas deben perfeccionarse para garantizar la eficacia de los instrumentos conducentes al saneamiento integral de la comunidad. (O)
