La confrontación creciente en el país, que analizamos en el artículo de la semana anterior, llegó a un punto mayor la semana que termina con la paralización y las movilizaciones lideradas por la CONAIE y otras organizaciones.
El detonante de esta situación fue la inesperada alza en el precio de los combustibles el 21 de noviembre, pues ya el 11 de noviembre se había producido la nueva alza mensual. Si bien el Gobierno anunció un “congelamiento” en ese nuevo precio, dicho anuncio no logró neutralizar la expresión de inconformidad social que ha ido acumulándose en diversos sectores sociales, especialmente en aquellos que ven afectada su situación económica por el encarecimiento no sólo del precio de los combustibles, sino de varios productos de primera necesidad.
Pero no sólo hay sectores sociales que viven una situación difícil por la elevación del precio de los combustibles, sino también por la falta de empleo, o porque a pesar de tener un empleo su ingreso les resulta insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas; una situación a la que se unen problemáticas como la falta de medicinas en los hospitales públicos, bachilleres que no pueden ingresar a las Universidades, la crisis en el IESS, la inseguridad y el sicariato en las calles, la intensificación de la emigración de ecuatorianos, etc.
En el marco de esa situación social complicada, y con una pandemia que no ha terminado y que agravó la crisis económica y social del país, las decisiones económicas de cualquier Gobierno tendrían ciertamente que se tomadas sopesando los costos sociales de las mismas, pero también sus costos políticos; cuestión esta última que, sobre todo en el caso del Gobierno actual de Lasso, es importante debido a una correlación de fuerzas políticas que le es desfavorable y a los cuestionamientos que tiene que enfrentar por el tema de los “Pandora Papers” o una crisis carcelaria que sigue vigente.
Ventajosamente las protestas sociales de esta semana, y la represión a las mismas, no llegaron al nivel de violencia de octubre de 2019; por eso es pertinente, para evitar conflictos mayores, que el Gobierno haya planteado un nuevo dialogo con la CONAIE y el “Parlamento de los Pueblos”; un diálogo que debería terminar en acuerdos por el bien de todos. (O)
