El nuevo proyecto de Ley para una reforma tributaria presentado el jueves a la Asamblea Nacional por el presidente Guillermo Lasso, deja ver -al menos de momento- indicios de un desbloqueo político en Ecuador, donde Ejecutivo y Legislativo deberán ahora congeniar para su aprobación.
El proyecto de ley para el «Desarrollo económico y sostenibilidad fiscal», que la Asamblea deberá tratar en 30 días, es el primero de tres que tiene previsto Lasso en su paquete fraccionado de reformas, que fueron rechazadas el mes pasado.
Con ello, el mandatario aceptó la posición del Legislativo de no enviar todo el paquete completo, sino de hacerlo por fases: a la primera, seguirá la ley de laboral y, después, la de inversiones.
El analista económico Alberto Acosta Burneo ve con buenos ojos el procedimiento adoptado por el Ejecutivo previo al envío el proyecto que, según la Presidencia, se elaboró «recogiendo las sugerencias de varios sectores sociales y políticos del país».
«Por el lado político, creo que el Gobierno en esta ocasión ha hecho lo correcto y creo que hay más posibilidad de que el proyecto sea aprobado», dijo Acosta Burneo a Efe al subrayar que «el juego de la democracia es llegar a consensos».
El que empiece esta dinámica «va a ser fundamental para el Gobierno porque hay muchos otros temas que tienen que discutirse y tratarse, y se requiere de destrabar la relación entre Ejecutivo y Asamblea», dijo al señalar que la posibilidad de ir a la llamada «muerte cruzada» era una apuesta muy peligrosa.
El pasado jueves, Lasso dijo que dejará «por el momento» la idea de una muerte cruzada en el libro de la Constitución y optará por la vía del «diálogo» para sacar adelante sus proyectos de ley.
«Dejémosla en la Constitución, por ahora que esté en la Constitución», respondió Lasso en una entrevista a Efe, sobre si aún contempla entre sus opciones la herramienta para disolver el Parlamento en el caso de que sus proyectos de reforma no avancen.
Acosta Burneo presume que el Ejecutivo «está dispuesto a ceder en muchas cosas», incluso ya ha suspendido el alza gradual del precio de los combustibles, «algo que había dicho que no iba a hacer. Creo que esto va muy de la mano con tratar de conseguir respaldos en la Asamblea para sus proyectos».
Vistos los hechos, Acosta Burneo cree que se está «destrabando gradualmente» la situación y subraya que «ha habido una apertura para tratar los temas, lo que ya es un gran paso frente al bloqueo que teníamos de parte y parte, porque ni Ejecutivo ni Legislativo querían saber nada el uno del otro».
Y mostró su esperanza de que lo que ocurre actualmente sea un «descongelamiento de la relación»: «Creo que el Gobierno sí está cediendo y encontrando la manera de destrabar este problema de entrampamiento entre Asamblea y Ejecutivo».
Pero si en lo político ve aspectos positivos en torno al proyecto de ley tributaria, el analista considera que éste «no es oportuno» en lo económico pues la economía está «aún muy débil».
«Subir impuestos a las empresas y a las personas va a ayudar para el tema fiscal, pero el tema de fondo es la generación de empleo, es la actividad económica», comentó al apuntar que «retirar dinero de las empresas en este momento, implica menos inversión, y retirar dinero de las personas es menor ahorro y menos consumo».
Pero la Presidencia sostiene que el proyecto de reforma cumple «con los principios de progresividad y justicia tributaria» y, tras su aprobación, el Gobierno espera recaudar «más de 1.900 millones de dólares» en sus primeros dos años.
Ecuador arrastra una crisis económica, que se agravó con la pandemia, y que el nuevo Gobierno, que llegó al poder en mayo pasado, quiere corregir con un amplio espectro de reformas que han chocado con grupos sociales y sindicatos por su impacto en la población menos pudiente.
Sin embargo, según la Presidencia, con el nuevo plan fiscal, el 96,6% de la población económicamente activa no se verá afectada, dado que «el principal esfuerzo recaerá en quienes ganan más de 5.000 dólares al mes, tienen un patrimonio mayor a un millón y las mayores empresas del país».
«Quienes ganan entre 2.000 y 5.000 mensuales harán un pequeño aporte, proporcional a su nivel ingreso», asegura.
También fija que, durante dos años, las empresas más grandes y solventes del país, con un patrimonio mayor a cinco millones, hagan «una contribución solidaria del 0,8%».
Y aunque son medidas que, de ser aprobadas, ayudarán al tema fiscal, Acosta Burneo sostiene que «el desafío del Gobierno es acelerar el crecimiento (económico) y eso no se logra cobrando más impuestos a quien invierte o a las familias, sino incentivando la inversión y poniendo en orden el gasto público». EFE
