Luego de la tregua resuelta por dirigentes de la CONAIE y otras organizaciones protagonistas de tres días de paralizaciones, sobre todo en la Sierra, los ecuatorianos disfrutan de un largo feriado y otros trabajan para reactivarse económicamente.
Esos apenas tres días de movilizaciones fueron suficientes para demostrar sus efectos negativos, tanto para la economía cuanto para la paz social.
Y resulta así, cuando las protestas, ese derecho legítimo garantizado en la Constitución cuando se vive en democracia, derivan en violencia.
Quito, por ejemplo, si bien no en la magnitud de los sucesos sangrientos ocurridos en octubre de 2019, revivió la destrucción de sus bienes. Igual, debe estar preocupada por la presencia en sus calles de un grupo autodenominado “Guevarista”. Y también debe estarlo el gobierno.
No menos esclarecedoras fueron las escenas vistas cuando los protestantes obligaron a distribuidores de leche a derramarla, so pena de destruir sus vehículos; ningunear a miembros de la fuerza pública y hasta “retener” a algunos de ellos.
El feriado dio paso a la suspensión de las manifestaciones, pero con la certeza de ser retomadas cuanto antes. Una “concesión” de sus protagonistas. Vaya “concesión”.
En efecto, en estos días de asueto, unos ecuatorianos disfrutan, descansan, visitan a sus muertos, rememoran a sus héroes libertarios, en Cuenca y Azogues, por ejemplo; otros, acaso los más, trabajan.
Pero las protestas se retomarían terminado el feriado o después. La amenaza fue advertida, incluyendo hasta ejecutar una huelga nacional, según lo dicho por dirigentes sindicales.
Está de por medio otro diálogo convocado por el gobierno para el próximo 10 de noviembre a dirigentes indígenas. No se sabe si ocurrirá; y si ocurre, cuáles serán los resultados, máxime si persiste la intransigencia y otros intereses.
Lo único cierto es la predisposición de la mayoría de ecuatorianos para sobreponerse con trabajo e iniciativas a un tiempo asolado por la profundización de la crisis, más aún por la pandemia.
