El gobierno de Pedro Castillo autorizó a las fuerzas armadas de Perú a apoyar a la Policía Nacional en el control de la seguridad interna por un plazo de 30 días, ante el incremento de la delincuencia organizada en Lima y Callao, según una resolución suprema publicada.
La norma firmada por el mandatario peruano y los ministros de Defensa, Walter Ayala, y del Interior, Luis Barranzuela, indica que hay incremento significativo del índice delictivo en Lima y el vecino puerto del Callao por la presencia de organizaciones delictivas involucradas en tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas, robos y hurtos.
Estos delitos ponen en peligro la integridad física de la ciudadanía y han sobrepasado la capacidad operativa de la Policía Nacional, admitió el documento.
La resolución suprema aclaró que la intervención de las fuerzas armadas no implica la restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política, las leyes y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos de los que el Perú es parte.
La autorización que rige a partir del miércoles 3 de noviembre permite que las fuerzas armadas presten apoyo en la ejecución de operaciones policiales en las regiones de Lima y Callao, donde está concentrado un tercio de la población nacional, por un plazo de 30 días.
Agregó que la actuación de las fuerzas armadas está dirigida a contribuir y garantizar la plena vigencia del derecho a la libertad y seguridad personales, a la libertad de tránsito por las vías y carreteras, el derecho a la paz, a la tranquilidad, al adecuado funcionamiento de los servicios públicos esenciales y resguardar puntos críticos vitales.
Remarcó que el control del orden interno permanece en todo momento a cargo de la Policía Nacional del Perú.
La resolución suprema fue firmada por Castillo el pasado viernes y fue publicada este martes, un día después de los reclamos de diversos sectores para que el mandatario prescinda del controvertido ministro del Interior en el gabinete.
Barranzuela está en el ojo de la tormenta por haber presuntamente organizado una fiesta en su casa, cuando su despacho prohibió esas actividades este fin de semana, y la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, anunció por Twitter que se tomarán las decisiones que correspondan sobre este funcionario. EFE
