Estado de excepción

Luis Muñoz Muñoz

Los delitos van en aumento y nos agobian.  Ante este problema debemos entender que la seguridad de los ciudadanos está estrechamente vinculada a la libertad, la justicia y la paz, porque sin seguridad no podríamos ejercer los derechos y garantías previstos en la Carta Magna, en ésta virtud es necesario actuar urgentemente. La panacea, no es declarar estado de excepción y sacar policías y militares a las calles y carreteras, sin resultados positivos. Hay que tomar decisiones urgentes, desde la perspectiva de las políticas públicas, incrementando planes y acciones concretas para facilitar el desarrollo de los habitantes en sus objetivos personales, sociales, económicos, políticos, libres de riesgos y amenazas. Hay que diseñar una estructura, de conducción política, gestión y control, de un plan de seguridad integral, multidimensional y plural, en el cual estén incluidas las fuerzas de seguridad y cuerpos policiales. Hemos asistido al desenfrenado avance del narcotráfico y del crimen organizado, porque no hemos tenido a tiempo un diagnóstico de gestión que incluya comunicación eficiente y pública, mecanismos de compromiso, pro actividad y responsabilidad, y la rendición de cuentas por parte de los funcionarios del Ministerio de Gobierno y de las fuerzas de seguridad sobre su desempeño en forma periódica, con información verídica, accesible y de calidad. La policía necesita procesos de formación y capacitación profesional, libre de “partidismos”; tomando en cuenta que la seguridad es técnica. Es necesario incrementar la capacidad de respuesta ante cada fenómeno delictivo, siguiendo las leyes, usando las técnicas investigativas, la tecnología y todos los recursos disponibles, que deben estar direccionadas al esclarecimiento total de los hechos, la desarticulación de las organizaciones criminales, el sometimiento de  sus miembros a la justicia y la atención a las víctimas. Es importante considerar en la lucha contra el crimen las nuevas tecnologías, la innovación y la investigación que debe ser una constante, pues el Estado no puede quedarse a la zaga frente a la sofisticación del crimen organizado que invierte en recursos. Hay que desarrollar la capacidad de la inteligencia criminal, especializando recursos humanos, y aprovechar las experiencias de los organismos de seguridad de países que han logrado éxitos inusitados en el control y desarticulación del crimen organizado. Finalmente hay que considerar el perfil de los responsables de la conducción y gestión de la seguridad, que necesariamente deben reunir atributos que van desde la internalización de conceptos técnicos de la seguridad, ajustado al derecho y a las técnicas específicas, alejados de la ideología y partidización, hasta las competencias específicas relacionadas con el liderazgo, la planificación, la prevención, la previsión, la formación y la coordinación inter áreas. Debemos entender que mientras la  justicia  integrada por jueces y fiscales esté politizada o responda a los intereses de los Gobernantes, jamás podremos luchar contra la inseguridad y el crimen. (O)