En la situación social, económica y fiscal del país es necesario que la CONAIE dialogue con el Gobierno y defienda un programa de acciones coyunturales y estratégicas, que permita superar la crisis precautelando los intereses de los sectores mayoritarios de la población que ha sido empobrecidos por la crisis y exigir solidaridad social de los grandes grupos económicos que concentraron riqueza en la misma pandemia.
El programa de acciones debe tener legitimidad en la mayoría de la población ecuatoriana y el Gobierno debe dar paso para encontrar una salida a la acumulación de problemas por la vía del acuerdo y evitar convulsiones sociales con graves repercusiones políticas.
No es el momento de posiciones desafiantes, provocadoras o aventureras al margen del verdadero dolor del pueblo, cuya desesperación puede ser manipulada por quienes buscan tras bastidores dejar en la impunidad a los beneficiarios de la corrupción, que dicho sea de paso están cobijados y protegidos por los principales movimientos, partidos políticos y ciertos personajes incrustados en el aparto estatal actual.
Por ello los procesos administrativos y judiciales para esclarecer y sancionar la corrupción encuentran graves obstáculos y los ladrones del dinero público siguen campantes como si nada hubiese pasado, a los que se suman los grandes lavadores de dinero con sus tentáculos en las cárceles y calles, cuyas inversiones han penetrado en el circuito de la economía nacional y disputan sus intereses en la propia esfera política.
La CONAIE y los movimientos sociales no deben entramparse en las disputas de las fracciones neoliberales viejas y nuevas, y debe construir una posición y línea política autónoma, desenmascarando a unos y otros, sin dejarse utilizar ni por el Gobierno ni por el correísmo, socialcristianos y otras fracciones. La ciudadanía honesta y democrática debe encontrar su propia ruta democrática.
En las exigencias mininas la CONAIE debe exigir el cese de la minería en fuentes de agua y ecosistemas frágiles, el fortalecimiento del IESS y el sistema de salud pública, la no privatización de los sectores estratégicos, el impulso al Código Orgánico de Soberanía Alimentaria (COSAL) y la disminución de las tasas de interés para fomentar la producción. (O)
