El escándalo de los Pandora Papers estalló en el país en medio de una confrontación social y política originada por los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo para realizar su programa neoliberal, que despertó la reacción de algunos sectores populares, a lo que se suma la violencia desatada en las cárceles y calles, por narcotraficantes que penetran en la economía y se constituyen en otros actores políticos.
En este escenario se anudan disputas de intereses entre fracciones del poder económico y político representados por el correísmo, el PSC y CREO, frente a la resistencia popular al neoliberalismo, pugnas que se agudizan con los Pandora Papers, de manera que el conflicto tiene como trasfondo el programa neoliberal del gobierno, y de la forma como se enfrente la coyuntura dependerá los actores que salgan fortalecidos o debilitados.
La Asamblea Nacional dispuso que la Comisión de Garantías efectué la investigación y presente un informe con recomendaciones en torno a la vinculación del presidente Lasso con 13 compañías offshore y fideicomisos establecidos en Panamá, Dakota del Sur y Delaware según la información divulgada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
La Comisión de Garantías utilizó para su investigación la información divulgada por el ICIJ, publicaciones de prensa, entrevistas televisivas del Presidente de la República, su declaración de bienes, opiniones de expertos internacionales, registros del SRI sobre grupos económicos y alegaciones efectuadas dentro del proceso contencioso electoral en el que se impugnó la candidatura de G. Lasso. El Presidente se negó a comparecer ante la Comisión y las instituciones públicas llamadas a informar no lo hicieron en nombre de la reserva.
En consecuencia, la información acopiada por la Comisión investigadora es débil quedando semi abierta la Caja de Pandora, por lo que el país necesita conocer a profundidad los hechos y el Presidente Lasso tiene la oportunidad de acudir a la Asamblea Nacional y dar la más amplia información y explicación, sin perjuicio de que la Fiscalía, Contraloría, SRI y la Superintendencia de Bancos, dentro de sus competencias, hagan las investigaciones pertinentes respetando el debido proceso y sin afanes políticos. (O)
