Una característica muy usual del comportamiento político de los Gobiernos de turno, en Ecuador o en otros países del mundo, es tratar de endilgar a otros (personas o instituciones), las responsabilidades de sus propias culpas; construyendo para esto relatos de conspiración o de victimización. Es esto precisamente lo que algunos funcionarios del Gobierno actual de Ecuador, o algunos de sus más apasionados partidarios, pretenderían hacer luego de la nueva masacre ocurrida en la penitenciaría de Guayaquil.
Un primer relato plantea que esa matanza sería un acto orientado a generar conmoción social, para crear condiciones que permitan viabilizar la petición de destitución del Presidente de la República, que supuestamente constaría en el informe de los “pandora papers” elaborado por la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional. Es decir, dicho acto estaría enmarcado en un “conspiración política”; un relato que sería expuesto, entre otros, por el vocero de comunicación de la Presidencia, y que recibiría duros cuestionamientos, por ejemplo, por el periodista Fernando del Rincón en la CNN, en una entrevista que se hiciera precisamente a ese funcionario.
Un segundo relato pretendería posicionar la idea de que la masacre sería responsabilidad de la Corte Constitucional, debido a que supuestamente uno de sus dictámenes no permitiría el ingreso de los militares a los interiores de las cárceles del país.
Con ambos relatos lo que se trataría es de buscar culpables en otros, o por lo menos menguar las responsabilidades propias en un hecho que, inevitablemente, afectaría la imagen y credibilidad del Gobierno de Lasso; pues esta no es la primera, sino la tercera masacre ocurrida en menos de 6 meses de su gestión. Los anuncios de medidas y los estados de emergencia, luego de las masacres anteriores, no se han materializado en acciones efectivas para que estos hechos brutales no se repitan. Y esto porque al parecer el tema de la crisis carcelaria no ha estado en las prioridades de la agenda gubernamental
Cabría esperar que con las nuevas medidas anunciadas por el Presidente Lasso, esta vez sí haya un proceso para una reestructuración radical del sistema carcelario y la recuperación de la autoridad estatal dentro de este. (O)
