Durante esta semana se ha puesto en la conversación pública el dilema de las pensiones o aranceles de las universidades. El acceso a la educación, entendido como un derecho, requiere modelos educativos que preserven ante todo el principio del servicio sin finalidad de lucro. El promedio de aranceles por un semestre de estudios universitarios en dos de las tres universidades particulares de Cuenca llega a 1800 dólares, mientras que la tercera tiene 2600 dólares como valor por arancel. Los esfuerzos académicos de un estudiante se ven frustrados cuando el presupuesto familiar no puede responder ante el desafío económico. La solución, en este caso, es volver a la pensión diferenciada.
Esta era una política que fue parte de la esencia de la Universidad del Azuay durante la administración de Mario Jaramillo y luego de Carlos Cordero. El objetivo siempre fue poner los intereses académicos por sobre los económicos y ofrecer el servicio educativo con sensibilidad a la economía familiar. Así, cada estudiante accedía desde el primer ciclo a un valor que, de alguna manera, guardaba relación con la situación económica y colegio de procedencia. No era un sistema perfecto, sin embargo respondía a un objetivo mayor: Que nadie pierda la oportunidad de acceder a una educación de calidad.
Cordero, en declaraciones a medios, manifestó que el ejercicio de una administración eficiente, sin gastos excesivos, con un adecuado uso de fondos públicos y privados permite sostener la pensión diferenciada e inclusive una política de ahorro institucional. Se logró hacer por varios años, no hay razón para no volver a hacerlo. (O)
