Actual director del Instituto señaló al exministro José Serrano, quien, a su vez, apuntó a María Paula Romo
Quito.- USD 900 millones perdió el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL) en una serie de inversiones que incluyeron operaciones swap, compra y recompra de bonos del Estado, cesión de derechos fiduciarios, compra de facturas que ahora se sabe que eran falsas, y la inversión en proyectos inmobiliarios.
Pese a que la mayoría de estas transacciones se realizaron desde el 2014 hasta el 2020, prácticamente nadie se percató de lo que sucedía.
Precisamente por esta falta de control, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional inició el juicio político en contra de Víctor Anchundia, superintendente de Compañías.
Las comparecencias por este caso concluyeron ayer con la presentación de pruebas por parte del funcionario, quien se desligó de responsabilidades; pues dijo que sí había hecho las advertencias del caso y que incluso denunció lo sucedido ante la Fiscalía.
Pero los comparecientes, uno a uno, han dejado claro que de parte de la Superintendencia de Compañías no se controló a las empresas Ecuagran, Delgran y Delcorpo, a la casa de valores Citadel y a los depósitos de valores Atlántida y Decevale, que participaron en la emisión de valores y en la negociación de facturas sin respaldo.
Tania López, exfuncionaria de la Superintendencia de Compañías, puntualizó que las primeras irregularidades fueron detectadas en el 2014, las empresas involucradas realizaban transacciones por fuera del mercado legal y simulaban operaciones bursátiles, en las cuales no se firmaba ningún contrato, ni entregaban ningún certificado que sirviera de constancia para los compradores.
Esta falta de control permitió que Decevale ejecute su estafa al ISSPOL por más de USD 300 millones en bonos; mientras que Ecuagran, que ya había sido intervenida en el 2019, fue liberada en 2020, justo a tiempo para colocar en el mercado de valores USD 15 millones que fueron adquiridos por el Instituto de la Policía.
El interventor
Por su parte José Ibáñez, interventor de Ecuagran y Delcorp, confirmó en su comparecencia que lo sucedido no se habría podido ocultar por tanto tiempo sin la complicidad de funcionarios de la Superintendencia de Compañías.
Es que las empresas presentaban facturas sin sustento, balances maquillados, simulaban importaciones e incluso manejaban una estructura piramidal mediante la cual pagaban a unos inversionistas con lo que aportaban otros; todo esto, sin que fueran investigadas.
Comparesencias
Renato González, actual director del ISSPOL, durante su comparecencia en la Comisión de Fiscalización, puntualizó que este caso se trata de crimen organizado en el que operaron varios policías de alto rango y políticos, por lo que recalcó que todavía no se ha investigado a “los peces gordos”.
Según González, una de las autoridades a las que se les ha pasado por alto investigar es el exministro del Interior y expresidente de la Asamblea, José Serrano, quien ayer compareció para defenderse.
Serrano dijo que solo presidió el ISSPOL por 25 días, tiempo en que no se ejecutaron transacciones.
Además, Serrano presentó pruebas en contra de su sucesora, la exministra María Paula Romo, a quien acusó de peculado por autorizar la renegociación de bonos del Estado que posee el ISSPOL, lo que habría desencadenado en la pérdida de USD 21 millones.
Sin embargo, para Renato González, el tiempo que Serrano estuvo al mando y las dos sesiones en las que participó, fueron suficiente para que se ratifique a David Proaño como director del Instituto, quien se encontraba en funciones cuando fue descubierta la estafa, por lo que fue destituido y dado de baja de las filas policiales.
Versión de Romo
La exministra Romo puntualizó que la intención de José Serrado es desviar la atención de su responsabilidad en el caso, pues un cheque por USD 230 mil recibido por María Christiansen, colaboradora del exministro, de manos de Jorge Chérrez, principal empresario involucrado en el caso, pone en evidencia que hubo relación con lo sucedido en el ISSPOL. Serrano fue interrogado sobre este cheque por el asambleísta Fernando Villavicencio, pero su respuesta fue esquiva.
Investigación penal
La estafa millonaria a la que fue sometida del ISSPOL se investiga también en la justicia ordinaria. 15 indagaciones se han abierto por este tema, ocho han sido presentadas por la Superintendencia de Compañías.
Ayer, en Guayaquil, se efectuó la audiencia por el delito de falsedad de información en el sistema bursátil. Se dictó orden de prisión preventiva contra Gad Goldstein, expresidente ejecutivo de Ecuagran; y Enrique Huerta, exgerente de Delcorp, quienes están prófugos de la justicia.
Mientras, por el delito de peculado son investigados en Quito 10 procesados, incluido Jorge Chérrez, empresario que ha sido señalado como el principal responsable de la millonaria estafa al ISSPOL. También es indagado por la justicia estadounidense por lavado de activos.
Por este caso también son investigados Enrique Espinosa de los Monteros y David Proaño, exgerentes del Isspol; y Alfredo Valverde y Santiago Duarte, exdirectores de Inversiones y Jurídico del Isspol, entre otros. (ASM)-(I).
