En abril la Corte Constitucional dictaminó que todas las mujeres embarazadas producto de violación pueden acceder a un aborto seguro, legal y gratuito. Así empezó una carrera contra reloj para presentar una propuesta de ley construida participativamente.
Ayer la Comisión de Justicia aprobó el informe de Ley de interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. La discusión de Asambleístas se centra en definir el número de semanas para hacer la interrupción y si las mujeres deben denunciar el delito desde una posición personal. Evidenciando que somos legisladas en base a creencias personales, prejuicios y fundamentalismos, el Estado laico y de derechos no es más que una frase sin sentido, sobre todo cuando de mujeres se trata.
No se piensa en las mujeres y su condición de víctimas ni en miles de niñas violadas que no saben de su embarazo sino hasta que les toca parir, tampoco en las trabajas del sistema legal para que las mujeres demuestren que fueron violadas. Esperamos tener por fin una ley que ponga en el centro a las mujeres y no criterios individuales. (O)
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