Tratar de corregir la inequidad social en el país, agravada por la pandemia del Covid-19 y todas sus variantes –no sabemos cuántas más sobrevendrán- por medio de bonos, sin duda, es una irónica quimera.
Los entregados por el Estado desde hace más de veinte años, lejos de cuando menos paliar un gravísimo e histórico problema, han servido para fomentar el clientelismo electoral.
Los pobres siguen siendo pobres o más pobres todavía; otros, se suman mes tras mes. Son la materia prima de las estadísticas, objetos de análisis de toda laya, y sobre cuya suerte el Estado levanta una frondosa burocracia.
De todas maneras, esa ayuda económica les sirve para llevar un pan a la mesa, y aunque sea a cuentagotas algo mismo perciben del presupuesto general.
El gobierno reconoce el aumento del número de pobres, muchos en situación de vulnerabilidad. Ha pulido el Registro Social. En consecuencia, incorpora a 85.962 nuevos beneficiarios, pero, retira a 45.566 por no estar en tales condiciones socioeconómicas.
Unos USD 1.297 millones invertirán para pagar a 1.463.646 personas distribuidas en nueve tipos de bonos. Últimamente, figura entre ellos, el destinado a la niñez huérfana como consecuencia de los femicidios, y el de “cobertura de contingencias”. En ambos casos, los beneficiarios aún son pocos.
Además, crea otro para madres gestantes. Priorizará a las adolescentes embarazadas y a quienes viven en áreas rurales. Parte del monto a entregárselas será retirado de tiendas o locales comerciales; pues, el objetivo es garantizar la compra de alimentos nutritivos para ellas y sus hijos, a fin de enfrentar la desnutrición crónica infantil.
Aquella es parte de la realidad social del Ecuador, donde falta trabajo, salud, educación, mientras unos USD 30 mil millones están fuera del país.
El norte del gobierno debe ser implementar políticas eficaces para salir de la pobreza y pobreza extrema. Luchar contra la inequidad social no es posible a través de bonos; tampoco, acostumbrar a la gente a ellos, excepto en casos especiales.
