El archivo dispuesto por la Contraloría General del Estado de Ecuador de una investigación por el caso de los papales de Pandora, que salpican al presidente del país, Guillermo Lasso, avivó el debate parlamentario, que también entró este martes en un periodo de definiciones sobre este tema.
La Contraloría (Abogado del Estado) emprendió hace un par de semanas un examen sobre el caso y este martes emitió un dictamen que ordena el archivo de la investigación, tras no encontrar infracciones legales del gobernante por haber tenido cuentas en paraísos fiscales, antes de ser candidato.
Una comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador determinó hace algunos días que Lasso, aparentemente, sí cometió una infracción al haberse presentado como candidato presidencial, pese a una normativa que prohibía a los postulantes tener capitales o bienes en paraísos fiscales.
Lasso aseguró que a la fecha de inscribir su candidatura ya se había deshecho de esas cuentas y que, por lo tanto, fue calificado como candidato presidencial.
El grupo opositor UNES, afín al expresidente Rafael Correa, advirtió incluso la necesidad de invocar una «muerte cruzada», por la cual el presidente Lasso podría ser destituido, el Parlamento se disolvería y se adelantarían las elecciones presidenciales de 2025.
La legisladora correísta de Unión por la Esperanza (UNES) Mónica Palacios indicó en una rueda de prensa que su grupo está listo para dejar sus escaños, «si es necesario, para que el Ecuador no viva con un Ejecutivo lleno de corrupción y evasión de impuestos».
«Está claro que el presidente de la República le mintió al Ecuador, porque no existe ningún documento que compruebe la venta, donación o herencia de los bienes en paraísos fiscales», denunció la legisladora.
De su lado, Paola Cabezas, también de UNES, dijo que es curioso que la Contraloría haya tramitado tan rápido el examen sobre el caso y archivado la causa, justo antes del debate respectivo en el Parlamento.
Cabezas aseguró que la información obtenida por la Comisión de Garantías Constitucionales será remitida a los órganos de control como la Fiscalía, así como a la misma Contraloría.
Por su parte, el grupo parlamentario de Izquierda Democrática (socialdemócrata) anunció que respaldará la recomendación de pedir al mandatario que comparezca ante el Pleno legislativo «de manera voluntaria», para responder las preguntas de los asambleístas.
Sin embargo, Alejandro Jaramillo, jefe del grupo, aclaró que su bancada no se prestará a eventuales «intentos desestabilizadores» de grupos de oposición.
Integrantes del conservador Partido Social Cristiano también rechazaron el informe de la comisión y anunciaron que no respaldarán la votación más allá de remitir la información recabada a instituciones encargadas de ese tipo de investigaciones.
El grupo indígena Pachakutik también se mostró en desacuerdo con impulsar una eventual destitución del presidente Lasso, como sugieren sus colegas de UNES.
El informe de la mayoría de integrantes de la Comisión de Garantías Constitucionales sugiere que se puede pedir la destitución del mandatario y llamar a la «muerte cruzada», ante un escenario de «grave crisis política y conmoción interna» desatada por el escándalo de los Papeles de Pandora, un argumento que el Ejecutivo y varios grupos parlamentarios niegan.
El pleno de la Asamblea legislativa debatirá desde hoy mismo sobre el informe de la Comisión de Garantía Constitucionales. EFE
