“Una noticia es aquello que alguien no quiere que se publique”. La legendaria frase, atribuida al escritor británico George Orwell, nunca ha estado tan vigente como ahora en el Ecuador.
Hace una semana y media, más o menos, mientras el primer mandatario Guillermo Lasso ofrecía una conferencia de prensa en los patios de Carondelet, cuando un reportero le preguntó acerca de la investigación en su contra por el caso de los Pandora Papers, automáticamente se apagaron los micrófonos del palacio.
De inmediato el Presidente puso fin al encuentro con los periodistas de los medios de comunicación y evadió una respuesta que el país espera desde que se produjo la denuncia mundial acerca de los políticos vinculados con los paraísos fiscales.
¿A eso se puede llamar “libertad de expresión” o “libertad de prensa”? ¿Esto es lo que se denomina “el Gobierno del Encuentro”? ¿Es esto la democracia?
Es patético que los mismos que durante 10 años dijeron luchar por los derechos de información para la sociedad, los mismos que prometieron que, con ellos, “volverían las libertades”, ahora que ejercen el poder político hacen exactamente lo mismo que criticaban: acorralar, atemorizar, intentar que el periodismo se someta.
Aquel episodio ocurrido en Carondelet despertó al periodismo nacional (me refiero al buen periodismo, al periodismo honesto, no al que está financiado por un conocido banco guayaquileño).
Pocos días después, el 2 de diciembre pasado, la revista Plan V denunció que “un equipo de este portal fue obligado a borrar las fotos de los instantes previos a una audiencia donde se ventila la acción de protección presentada por el general (r) Víctor Araus contra la comandante general Tannya Varela. Araus reclama por las acciones que llevaron a su salida de la Policía Nacional”.
Si alguien dudaba acerca de que los tiempos de la censura habían terminado luego de 14 años de correísmo y morenismo, ahí hubo un nuevo episodio, tan grave como el anterior, pero esta vez con acciones de fuerza, violencia y amenazas.
Según el periodista Fermín Vaca y el fotógrafo Luis Argüello, “desde las 11:00 esperaban la llegada del demandante y de los abogados de la comandante de la Policía, con la intención de realizar un reportaje sobre el caso”.
El testimonio sigue así: “En el vestíbulo del edificio judicial, construido durante el correato, uno de los policías de la Escolta Judicial, quienes usan un distintivo arnés blanco, indicó que la audiencia de ‘mi general’ se realizaría en el cuarto piso. En ese nivel del complejo judicial, la encargada de las audiencias no conocía en dónde se realizaría el procedimiento, aunque la sala 405 queda al frente de su escritorio”.
Por la importancia de lo ocurrido seguimos con la información escrita por Fermín Vaca: “En la sala 405, una funcionaria que se identificó como la actuaria (secretaria del juzgado, dependiente de la jueza Verónica Medina) miraba la computadora protegida por una mampara transparente.
“En las salas de espera había varias pantallas, pero ninguna tenía información para los usuarios: todas estaban apagadas. En una esquina, el mayor de policía Byron Osejo, abogado de la general Tannya Varela, esperaba junto con otro uniformado y varios civiles.
“Justo sobre la hora llegó el general (r) Arauz. Un policía de la escolta, con un radio, fue informado desde el vestíbulo sobre el arribo del oficial.
“Aunque Plan V estuvo desde hacía una media hora realizando fotos y conversando con los asistentes, nada ocurría hasta cuando alguien del grupo del mayor Osejo reclamó por qué se hacían fotos. Es de dominio público que las audiencias, una vez instaladas, no pueden grabarse ni fotografiarse, por eso nos preparábamos a salir cuando la magistrada estuviera en su silla.
“Pero como la jueza no estaba todavía en la sala, la diligencia no empezaba aún, a pesar de que la actuaria le ordenó al policía (…) que haga borrar las fotos de nuestra cámara. El policía se acercó a Luis Argüello mientras constataba que borrara las tomas de nuestra cámara, que se referían a los presentes en el salón y en ellas no habíamos captado ni documentos ni gráficos relacionados con el caso, pues la jueza no salía y no había instalado la audiencia.
“Además de la actuaria y el policía, un funcionario que se identificó como técnicos de audiencias reclamó a gritos que se estaban haciendo fotos ‘sin autorización’, lo que estaba prohibido por el Consejo de la Judicatura. Cuando el equipo de Plan V le pidió que exhibiera la supuesta prohibición dijo que no tenía copia, pero que nosotros vayamos al piso 10 a pedirla.
“El funcionario (…) insistió en gritar frente al policía y a la actuaria (…). Luego, el mismo individuo insistió en tomar fotos de nuestras identificaciones y continuó hablando a gritos hasta que tomamos el ascensor hacia la planta baja”.
Cuando se conoció de este flagrante acto de censura, los gremios y las redes de periodistas se pronunciaron de inmediato en contra de la acción policial. El Ministerio de Gobierno, sin dar la cara, emitió un comunicado en el que “rechaza la afirmación de Fundamedios que asegura se censuró la labor de un equipo periodístico y nos responsabiliza del hecho. La Policía respetó sus derechos y actuó bajo requerimientos de los funcionarios de la Judicatura, en aplicación del artículo 83 del COGEP”.
El comunicado, sin embargo, adolecía de omisiones, quién sabe con qué propósitos. Como escribió la periodista Yalilé Loaiza, “al Ministerio se le olvidó decir que la audiencia no se había instalado. Qué pena -dice Yalilé- que las malas prácticas continúen. Qué cinismo decir que amparan a la prensa cuando la Policía ha sido el mayor agresor de los periodistas en los últimos meses”.
Daniel Crespo, en cambio, escribió en su cuenta de Twitter que el hecho “es gravísimo y pone al Gobierno en un carril muy peligroso, semejante al que en su momento recorrió el correísmo (y el morenismo, aunque solapado, digo yo).
La periodista Tania Tinoco expresó, también vía Twitter, que “lo que ocurrió con el equipo periodístico de Plan V es realmente grave y como ciudadana y periodista pido investigar y sancionar a los responsables. En un país donde se respeta la libertad de prensa no caben episodios así”.
Lo malo de esta solidaridad de Tania Tinoco es la contradicción en la que cae al asegurar que vivimos “en un país donde se respeta la libertad de prensa”.
¿En serio lo dice la periodista? Yo creo que está viviendo en una burbuja y no conoce el día a día de los reporteros. Muchas gestiones para solicitar entrevistas a los funcionarios gubernamentales quedan en el aire, sin respuesta o con sistemáticos aplazamientos hasta que el periodista se cansa de esperar.
Pero debemos ser claros y firmes en estos momentos: en ningún caso y de ninguna manera cabe la represión y los abusos contra el periodismo. La sociedad debe rechazar toda acción que, en el fondo, implique que alguien intente silenciar la verdad en perjuicio de la información libre.
En el caso del que hablamos, ese alguien podría estar en la Comandancia de la Policía o en el Ministerio de Gobierno.
Si no es así, ¿cómo se explica que los policías que estaban con el abogado de Varela hayan procedido de esa forma? ¿Cómo se entiende que el Ministerio de Gobierno emita un mediocre comunicado donde dice una torcida verdad a medias?
“No es novedoso que las respuestas del poder político pongan tanto acento en la legalidad -dice el analista mexicano Carlos Fazio-. Hay que desterrar la idea común de que la censura es expresión de arcaísmo. Por el contrario, es una práctica rutinaria del sistema y es, quizás, una de las condiciones para que funcione un Estado represor”.
Con el tiempo se convierten en “subversivos” quienes no piensan como el poder político o quienes lo cuestionan. Y se corre el riesgo de que solamente haya una verdad y que esta sea absoluta. Una verdad desde el poder político y no desde la realidad. Obligar a borrar fotos puede ser el primer paso. Después podrían obligar a borrar documentos, pruebas o evidencias. De ahí a borrar del mapa a los periodistas hay medio paso. Si no me creen, pregunten cómo empezó en México la escalada de represión a los medios y a los periodistas democráticos. (O)
