El jueves 9 de diciembre del 2021, en la Asamblea Nacional se abrió el debate sobre la despenalización del aborto por violación, tema que ya fue aprobado por la Corte Constitucional (CC) el pasado 28 de abril, pero está en manos del Legislativo la responsabilidad de establecer los mecanismos legales hasta el próximo 24 de diciembre.
En requisitos legales para que una mujer víctima de violación pueda interrumpir su embarazo y el tiempo máximo en el que podrá hacerlo están los nudos críticos de la Ley.
Estos se entramparon en la Comisión de Justicia, que en su informe para primer debate prefirió dejar la responsabilidad de decidir al Pleno de la Asamblea.
Fueron, además, los temas que ayer despertaron más debate entre los más de 20 activistas invitados a exponer sus posturas en el recinto legislativo.
El asambleísta Héctor Yépez dejó claro no estar de acuerdo con la sentencia de la CC; pero aceptó que la despenalización del aborto ya está establecida y que la Asamblea solo tiene la obligación de establecer los plazos y requisitos, lo cual, en la Comisión de Justicia, se habría desobedecido.
“La Corte pidió que se emitan requisitos: denuncia penal, examen médico o declaración jurada, que deben ser reguladas por el legislador; si la Asamblea no lo hace y deja abiertos estos temas, estaría desacatando la orden de la Corte”, aplicó Yépez.
Pero para Ana Cristina Sánchez, abogada de Surkuna, organización que brinda ayuda legal a las víctimas de violación, es inadecuado mezclar causales con plazos, pues implica limitar a un grupo de mujeres, principalmente niñas, que no detectan fácilmente un embarazo y que, según estudios realizados en Colombia, son las que por lo general se someten a abortos en el segundo semestre de gestación.
“Si les ponemos plazos, estamos condenando a estas niñas a la clandestinidad, espacio en el que ponen en riesgo su vida. Además, quiero aclarar que es mentira que la causal violación tenga tiempo en la mayoría de los países, el único en Latinoamérica es Chile. El resto deja abierta esta posibilidad principalmente por las niñas”, puntualizó la activista.
Argumentos en contra
Por el lado de los grupos autodenominados provida se inclinaron porque este tema lo defiendan médicos expertos en áreas de la genética, neurología y biología, quienes argumentaron que la vida inicia en el momento en que se fusiona el óvulo con el espermatozoide.
Mauricio Villamar, médico neurólogo, argumentó que el embarazo no puede ser interrumpido más allá de las 12 semanas de gestación, pues a partir de ese plazo, el feto siente dolor.
Requisito de denuncia
Ximena Cabrera, exdirectora del mecanismo de género de la Defensoría del Pueblo, quien lideró el proyecto de ley entregado a la Asamblea Nacional, defendió el hecho de que como la CC determinó que el acceso al aborto en caso de violación es un derecho humano, este no puede estar sujeto a ningún requisito, por lo tanto, no se puede exigir una denuncia.
Para Mamela Fiallo, activista pro-vida, el no exigir la denuncia agravaría la impunidad que beneficia al violador, que quedaría libre de culpa. “Se condena a pena de muerte al inocente y se deja en libertad a un delincuente”, advirtió.
Gabriela Gómez, de la fundación Desafío, habló desde su experiencia y explicó lo difícil que es para las víctimas de violencia sexual presentar una denuncia, pues en el país son sometidas a procesos revictimizantes y en el caso de que el abuso se haya dado en el interior de la familia, son rechazadas y atacadas por su propio núcleo familiar.
Ximena Cabrera aclaró que el proyecto de ley incluye un mecanismo que consideran más efectivo que la denuncia.
Una guerra de cifras
Los grupos provida y los que están a favor de la despenzalización del aborto dejaron ayer en la Asamblea una serie de cifras, en algunos casos contradictorias, que buscaban crear conciencia sobre el tema.
Para Ximena Cabrera, exdirectora del mecanismo de género de la Defensoría del Pueblo, afirmó que 7 de cada 10 niñas que dan a luz en el país tienen hijos producto de una violación.
Ana Cristina Sánchez, abogada de Surkuna, puntualizó que, según datos de la Fiscalía, al día se denuncian 11 violaciones, el 60 % de las víctimas son niñas menores de 14 años. En el 95% de los casos los perpetradores están en su hogar.
Del lado de los grupos pro-vida también se presentaron cifras: según Pier Pigozzi, del proyecto SOS Mamá, de las 14 mil mujeres que han asistido, el 100 % han desistido de practicarse un aborto al recibir acompañamiento. (ASM)(I).
