El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, recibió esta semana una bombona de oxígeno en la investigación del caso de los papeles Pandora, con el cierre del expediente por parte de la Contraloría y el frenazo en el Parlamento a dos mociones contra él por esos documentos, una de ellas para su destitución.
La favorable evolución de la gestión de Lasso en diciembre a nivel político contrasta con el «septiembre negro» en que se vio bloqueado en la Asamblea Nacional para ejecutar reformas, y un octubre y noviembre a la sombra del escándalo de esos Papeles y la grave crisis carcelaria que ha dejado a lo largo del año cientos de muertos.
«No ha sido fácil, pero el balance del año es muy bueno», dijo a Efe el portavoz del presidente, Carlos Jijón, al referirse a la reactivación económica del país gracias a una masiva vacunación desde mayo y a que «los Papeles de Pandora quedaron en nada».
«No se pudo demostrar que tenía bienes en paraísos fiscales al presentar su candidatura porque no era cierto», sentenció.
UN MARTES CRUCIAL
La Contraloría archivó el pasado martes el expediente tras considerar que no había «elementos objetivos que demuestren» infracción a la ley cuando inscribió su candidatura, refrendando el alegato del presidente de que se había deshecho de ellos de cara a las elecciones, en cumplimiento de una Ley de 2017.
El «match-point» lo obtuvo el mandatario horas después, ese mismo día, al votar el Pleno del Legislativo un informe de investigación redactado por la Comisión de Garantías Constitucionales, la misma ante la que se había negado a comparecer en dos ocasiones por considerarla «un circo político».
A votación se fueron dos mociones que exigían forzar su comparecencia para dar explicaciones sobre sus bienes y trasladar las conclusiones a los órganos de control y fiscalización del Estado para investigación.
Una de ellas, presentada por la asambleísta Paola Cabezas (UNES, correísmo), exigía activar el artículo 130.2 de la Constitución con fines de destitución por «configurarse una grave crisis política y conmoción interna».
Rechazadas por insuficiencia de votos, se requerían al menos 70, la que sí avanzó fue una moción suavizada de la Izquierda Democrática «exhortando» meramente a que Lasso «comparezca», pero que también despacha el informe parlamentario a revisión por las instituciones de control.
Sigue abierta igualmente una denuncia del excandidato presidencial Yaku Pérez para que la Fiscalía indague el pasado fiscal y patrimonial del mandatario.
Unos procedimientos, no obstante, que a estas alturas no tienen para una fuerza real para Jijón, que da el caso por cerrado, dado que la Contraloría y otros organismos ya se han pronunciado y la investigación de la Fiscalía «no hay una acusación penal».
SE APUNTALA LA REACTIVACIÓN
A la par, el Gobierno vio la entrada automática en vigor de su Ley de desarrollo económico —eje de unas disputadas reformas fiscales—, por la imposibilidad de la Asamblea para pronunciarse, demostrando que tampoco la oposición tiene absoluta capacidad para poner trabas.
Así las cosas, y con crecimientos previstos este año del 3,5 % del PIB, del 30 % de las exportaciones no petroleras, de la inversión (2.000 millones) y del empleo (175.000 nuevos puestos), el Ejecutivo cree que «están dadas las condiciones para que 2022 sea un año de crecimiento sostenido».
«Un buen año económico que va a replantear también (el escenario) político», consideró Jijón sobre los retos que afronta el presidente, que llegó al cargo en mayo.
LAS RESERVAS
Un optimismo que no comparten los opositores políticos de la izquierda correísta y, a juzgar por las convocatorias de protesta que planifican para enero, tampoco los sindicatos ni el movimiento indígena, representado mayoritariamente por la Conaie.
En los dos últimos casos, tienen una larga serie de demandas sociales que no encajan con el programa de Gobierno y sus reformas, si bien el mandatario termina el año con varias medidas para tratar de desarmar la bomba de relojería social.
Una de ellas, hecha pública este sábado, tiene en la mira al colectivo indígena con la concesión de préstamos al agro por 1.000 millones de dólares en condiciones muy preferentes: 1 % interés a 30 años.
La otra, que se anunciará el lunes, es una promesa electoral y un guiño a los sindicatos: la subida de 25 dólares en el salario mínimo de 400, con vistas a llegar a 500 hasta 2025, según dijeron a Efe altas fuentes gubernamentales.
Desde la academia también expresan reservas sobre las perspectivas de una gestión con «altos y bajos» que requiere reajustes y una mayor atención del Gobierno a los procesos políticos.
«Tenemos un presidente que concluye un período de seis meses con altos y bajos muy importantes: alto la vacunación, bajo la relación bastante fracturada con la Asamblea», matizó el politólogo César Ulloa, de la Universidad de las Américas (UDLA).
Y cree que al Gobierno le falta «oficio político», aunque considera que tendrá oxígeno «mientras haga lo que hace bien, es decir, vacunar y lograr el respaldo de los multilaterales» que le han brindado ayuda financiera.
Ulloa vislumbra un complicado escenario en el Parlamento para los proyectos de reforma laboral y de incentivo a inversiones, y alerta de que el caso Pandora y la crisis de inseguridad ya han reducido los niveles «de aceptación y credibilidad» del presidente. EFE
