Un proyecto hidroeléctrico y otro eólico desde las provincias de Azuay y Loja, respectivamente, están paralizados durante algún tiempo.
El hidroeléctrico es el Soldados-Yanuncay, ubicado en Baños y San Joaquín, parroquias rurales de Cuenca. Con una inversión de 90 millones de dólares, aportará al Sistema Nacional Interconectado con 22 megavatios.
El eólico es el Minas de Huascachaca. Se construye en San Sebastián de Yúluc, parroquia rural del cantón Saraguro, provincia de Loja, a pocos kilómetros de la central hidroeléctrica Minas-San Francisco, ya en operación.
Estos dos proyectos los lleva adelante Elecaustro con financiamiento del Banco del Estado y sus propios recursos.
Respecto del primero, la construcción en sí misma no arranca aún, excepto obras viales recién contratadas.
La empresa ha hecho un largo recorrido tratando de persuadir a los habitantes de aquellas dos parroquias, sobre todo a los opositores -pues no todos lo son-, en cuanto a los alcances del proyecto y sus beneficios, entre ellos el control de las crecientes del río Yanuncay, garantizando su caudal ecológico.
Los opositores han esgrimido sus razones. Entre ellas, según creen, el suministro de energía para las empresas mineras en Río Blanco y Loma Larga, cuyos proyectos de explotación están suspensos; además de posibles afectaciones medio ambientales.
Han sido escuchados y rebatidas sus posiciones; pero, hasta la fecha, no hay casi nada concreto.
Sobre el eólico, con una capacidad instalada de 50 MW, el reclamo de una empresa no favorecida con un contrato lo tiene estancado. Un juez acaba de no dar paso a una acción constitucional presentada contra Elecaustro.
Esta resolución, se supone, permitirá a la empresa contratista continuar con la segunda fase: el traslado y montaje de 15 aerogeneradores.
Sin desconocer el derecho a reclamar; pero, como se ve, en los dos casos no hay razón para seguir entorpeciendo la construcción de aquellas obras.
Es hora de enterrar la pobre idiosincrasia azuaya del “no, no, no, a todo”.
