La lucha contra la corrupción parece una batalla perdida, porque solamente se la da mediante leyes, organismos de control o persecución a opositores, sin contemplar la educación, revisar la precarización salarial de funcionarios con elevada responsabilidad, y conceptualizando bien lo que es soborno o pago de servicios prestados.
Analicemos estos factores. Normativas y controles hay suficientes. Fortalezcamos entonces la formación ética en el hogar y los planteles. Por otra parte, conviene revisar las remuneraciones públicas, que son exiguas para funcionarios con elevada responsabilidad, lo cual, les impulsa a buscar dinero extra por cualquier medio.
Respecto a la conceptualización de coima o reconocimiento a servicios prestados, también es necesario redefinirlos. En el sector privado por ejemplo los agentes afianzados de aduana, pactan una comisión acorde al valor de la mercadería, lo cual no es soborno sino pago a su trabajo. Igual proceden las empresas con los cobradores a deudores morosos. Inclusive los migrantes que contratan a los “coyotes”, quienes no les obligan a ello sino son buscados por los mismos.
En lo público, los gobiernos no podrán frenar la corrupción, pues constituyen uno de sus principales impulsores, al no cancelar deudas pendientes durante meses y años. Por eso los desesperados acreedores buscan mediante influencias o pagos indebidos, recuperar al menos parte de su inversión.
Sobre el costo de las obras. Los entes de control suelen juzgar sólo aquel inicialmente pactado, no los imprevistos que surgen durante su ejecución, contemplados en los propios contratos como ajustes de precios. Más inexplicable aún si esto sucede por motivaciones ideológicas, políticas, personales, como ha venido sucediendo estos últimos años en Ecuador y América Latina. (O)
