Carla* recuerda que sentía temor, mucho temor sobre el lugar al que la iban a llevar aquel martes de madrugada hace nueve años. Para ella era tan incierta la idea de que iba a vivir por dos años y medio en la cárcel.
“Me van a pegar, me van a agredir, me van a lastimar. Ese fue el primer sentimiento que tuve”, cuenta después de años de lo acontecido, en libertad, con el dolor calmado y el recuerdo latente.
Aquel día no solo dejaba atrás a su mamá y a su hermana, también a sus dos hijos: un niño de 7 años y una niña de 9, a quienes no pudo darles alguna explicación antes de irse.
Esto afectó económica y emocionalmente a su familia. A partir de ese día, su madre y su hermana tenían que ver cómo conseguían el dinero para mantenerla a ella y a sus dos hijos.
Su experiencia es el reflejo de lo que viven otras mujeres encarceladas. Estefanía* quien actualmente cumple su sentencia en la cárcel de Turi, cuenta que lo que más anhela es estar con su familia. La pandemia le ha imposibilitado ver a sus padres porque tiene miedo de que se contagien. Además, prefiere “evitar los malos ratos”, explica que al momento de ingresar, los controles “son horribles” ya que las visitas se tienen que desnudar para ingresar.
Los últimos datos oficiales dicen que hay aproximadamente 2.500 mujeres en las cárceles del país. Eso representa apenas el 6 % de las personas privadas de libertad.
“El momento en que una mujer es encarcelada se penaliza no solamente al individuo, también se está penalizando a sus hijas e hijos, a la madre o padre de tercera edad que ella cuidaba”, explica Silvana Tapia, abogada, feminista anticarcelaria y miembro de la Alianza Contra las Prisiones Ecuador.
Tapia explica que “como en nuestro entorno aún es común que las personas dedicadas a los trabajos de cuidado o a la crianza sean mujeres, al encarcelarlas, se violenta las redes de cuidado que sostienen la vida fuera de prisión”.
Tapia está convencida de que no deberían existir cárceles para nadie. Por sus investigaciones, sostiene que la prisión no rehabilita. “La palabra rehabilitación implica que la persona está inhabilitada previamente y que hay que volverle a habilitar, como si la falla estuviera en el individuo, como si el problema fuera la persona, la mujer y el problema en realidad es la precarización, la pobreza y el sistema”.
Las dos cárceles
En los dos años y medio que estuvo en prisión, Carla vivió dos experiencias muy distintas. Un año estuvo en la cárcel para mujeres, que en ese entonces se encontraba en la Padre Aguirre (Centro Histórico de Cuenca), después fue trasladada para cumplir el resto de su condena junto a otras 81 mujeres al actual Centro de Rehabilitación Social – Sierra Centro Sur “CRS- TURI”.
Ese 19 de noviembre de 2014, a las 12:00, inició un cambio de vida para las internas. José Serrano, en ese tiempo Ministro del Interior, acotó que el traslado fue un éxito y que las mujeres contarían con una rehabilitación digna para su desarrollo: “Las nuevas instalaciones dan un ambiente de calidad, al tener unas celdas con camas dignas y espacios de recreación”.
Carla vivió el cambio así: “En la antigua (cárcel) era un ambiente como de un internado, como estar en un colegio más o menos. Estábamos en los dormitorios hasta las 08:00. Teníamos, por ejemplo, palillos, crochet, hilos, inclusive podíamos acceder a la biblioteca, podíamos hacer cualquier actividad, como deporte. Cada quien tenía sus pequeños negocios, incluso preparaban desayunos. Pero en Turi ya no teníamos nada de eso”.
Ella asegura que el traslado complicó mucho más la prometida rehabilitación. En la antigua cárcel podía ver a sus hijos al menos una o dos veces por semana. En el complejo de Turi los veía una o dos veces por mes. Y el encierro pasó a ser más prolongado. En la anterior cárcel pasaban alrededor de ocho horas fuera de su celda. En cambio, en Turi, llegaban a estar encerradas tres días seguidos, “en unas celdas que eran, bien, bien pequeñas”.
Estefanía, quien está presa desde hace siete años, relata que esa realidad no ha cambiado mucho. Su encierro es de alrededor de 15 horas diarias.
Mayra Flores, investigadora del Centro Interdisciplinario Kaleidos, en una entrevista realizada el pasado octubre explicó que el modelo de las megacárceles creó condiciones que “generan aislamiento, espacios insalubres, indignos de vivir”.
Además, menciona que hay estudios psiquiátricos que demuestran que “las personas confinadas, mientras más aislamiento tienen de sus familiares, más propensos son a sufrir de depresión, ansiedad y ser violentos”. Ella considera que es necesario apoyarse en las familias para poder pacificar las cárceles.
Desigualdad de género
Silvana Tapia señala que la cárcel es un espacio reducido “en el que se vulneran todos los derechos”, y en el que se recrudece aún más la desigualdad de género.
“En las cárceles, probablemente se reflejan de una manera más cruda porque ya son espacios, por su naturaleza, violentos, represivos, restrictivos de derechos, son espacios de aislamiento, de separación de la comunidad, entonces cualquier desigualdad de género existente a un nivel de la población macro se va a recrudecer en un espacio como este”, agrega.
Tapia enfatiza que la violencia carcelaria afecta de manera muy particular a las mujeres: “No solo se penaliza a las redes de cuidado que sostienen, también están expuestas a la violencia sexual que puede surgir en las mismas cárceles, además de la precarización de la salud sexual y reproductiva por la falta de insumos y servicios de higiene adecuados para gestionar la salud menstrual”.
Menstruar y criar
Debido a su situación económica, para las mujeres que están en prisión la salud menstrual tiene un alto costo. Comprar un paquete de toallas higiénicas es el principio de una larga lista de insumos que no todas las internas pueden solventar.
En los centros de rehabilitación, los internos pueden adquirir productos de un economato, pero para ello se requiere dinero. Carla cuenta que los familiares les pueden depositar hasta un cupo de 60 dólares para que las reclusas puedan comprar desde una funda de leche hasta un paquete de toallas íntimas.
Ella recuerda que por la falta de organización, cuando empezó a funcionar la cárcel de Turi no tenían toallas higiénicas y para poder repartir a las reclusas, cada una de ellas tenía que bajarse el pantalón y mostrarles a las guardias penitenciarias que estaban menstruando.
El modelo de gestión penitenciaria permite que las madres vivan con sus hijos hasta los tres años. Estefanía cuenta que actualmente en Turi no se permite tener a mujeres embarazadas en las celdas.
Las reclusas son trasladadas a Quito al Centro de Privación de la libertad Femenino de Atención Prioritaria “Casa de confianza”, un lugar adecuado para madres con hijos menores de 3 años. Pero esto implica para las reclusas alejarse aún más de su familia.
La rehabilitación
En medio del encierro, hay actividades que hacen que este sea más llevadero. Para Carla, participar en la radio fue una de las cosas que “mantenía en rienda la mente” y no la ponía a pensar en cosas negativas. Giovanni Mendez y René Brito, ambos comunicadores lideraron en los últimos años el proyecto radial “Sueños Infinitos”, que permitía a las reclusas hacer radio.
Hoy este programa ya no existe, pero Estefanía comenta que actualmente, para promover la reinserción, se llevan a cabo diferentes actividades. Asegura que en el eje educativo hay un espacio en donde pueden continuar sus estudios de escuela, colegio y, en su caso, la universidad. También se llevan a cabo diferentes talleres como costura, de cerámica o panadería.
El mayor anhelo de Estefanía es estar con su familia y aunque no esté del todo bien trata de enfocarse en sus estudios universitarios, lo que le distrae en el encierro.
Mientras Carla, desde el puesto de frutas y verduras, cuenta que aprendió mucho de su experiencia en prisión, pero también está convencida de que el ambiente de la cárcel no sirve para una rehabilitación: “es deprimente, desesperante”. Sin embargo, por sus hijos pudo seguir adelante.
Realidad de las mujeres trans
Odalys Cayambe es una mujer trans que a partir de su experiencia dentro de prisión comenzó a luchar por los derechos de las personas privadas de libertad LGBTI tanto dentro como fuera de la cárcel.
Este proyecto inició hace cuatro años. “El sistema jamás se apiadó de mi condición, ni de mi expresión, ni mi identidad”, expresa Odalys, quien cumplió su condena en prisión en un pabellón con hombres a pesar de que ella sea una mujer.
Odalys explica que esto sucede porque en el Ecuador no existe un registro de identidad para la población trans “por más que nos llamemos María, dentro del registro somos hombres y así nos tratan el sistema de salud, el sistema de educación, el sistema penitenciario y todo el sistema”.
Cayambe define a la realidad de las mujeres trans como un “abandono total” debido a la falta de oportunidades laborales que las obliga a vivir, en su mayoría, del trabajo sexual, en donde corren el riesgo de contraer enfermedades, ser víctimas de trata, ser mulas o trabajar sin un sueldo fijo. Dice que esto las hace “vulnerables a reincidir y volver a prisión”.
El SNAI no cuenta con un registro oficial de la cantidad de mujeres trans que forman parte del sistema penitenciario, sin embargo, la red junto con el grupo de mujeres trans en Cuenca, Caminos de Libertad, han contabilizado hasta el 2019 un total de 8 mujeres que se encuentran en la cárcel de Turi, todas ellas en un pabellón prioritario que creó el sistema pero que según Odalys “no tiene nada prioritario” pues tienen que convivir con hombres. (I)
