El Gobierno del presidente Guillermo Lasso decidió no extender más el estado de excepción como mecanismo para combatir la violencia en las cárceles del país, que ha dejado en este año más de 300 reos asesinados, sin embargo, se mantendrá la presencia de militares y policías en los centros penitenciarios, pues las autoridades todavía no han retomado el control de estos lugares.
El último estado de excepción culminó el 29 de noviembre del 2021 y el primer mandatario lo extendió por 30 días adicionales, tiempo que venció ayer y no se lo extenderá más, según lo confirmó Alexandra Vela, ministra de Gobierno, quien además aceptó que el mecanismo no sirvió para que el Estado retome el control en las cárceles, proceso que, según afirmó, no se concretará de forma inmediata.
“De ninguna manera será de la noche a la mañana, este es un fenómeno complejo y debemos estar claros en eso. De la misma manera que la delincuencia organizada no se trata de un día para el otro, este tema no se va a solucionar de un día para el otro, hemos dado un paso que es muy importante, pero esto es un camino largo, debemos persistir en el camino hasta lograr el objetivo”, puntualizó Vela.
Según la ministra, se podrá asegurar que el Estado retomó el control en los centros penitenciarios en el momento en que se restablezca el sistema de rehabilitación; se logre el proceso de pacificación; se establezca un modelo diferente para el manejo de los centros penitenciarios; y que la ciudadanía y las personas privadas de la libertad respeten los derechos de todos y se encuentre un marco de convivencia.
El viceministro del Interior, Max Campos, puntualizó que estos temas son vitales para lograr en el país un verdadero proceso rehabilitación social y para que las violencias en el interior de las cárceles se reduzcan, para lo cual se trabaja junto con la Comisión de Diálogo Penitenciario que hoy llegará a la cárcel de El Turi, en Cuenca, para conocer de primera mano, de los reclusos y de quienes integran la comunidad penitenciaria, los problemas que enfrentan.
Al momento las autoridades y los expertos que integran la Comisión de Diálogo Penitenciario han reconocido uno de los principales problemas que enfrentan los detenidos y que ha desencadenado en el 30% de hacinamiento que se tiene actualmente, se trata del incumplimiento de los beneficios a quienes han guardado un buen comportamiento dentro de las cárceles y que tienen derecho a salir antes de que se cumpla su sentencia.
Aprovechando la visita que el viceministro del Interior realizó ayer a la cárcel de Cotopaxi, Daniel Molina expuso su caso, hace seis meses cumplió con el 80% de su pena y pese a que desde que alcanzó el 60% tiene derecho a salir de la prisión, las autoridades de justicia no han dado paso a los siete escritos que ha enviado solicitando que se le aplique este beneficio.
