La Policía Nacional es, por definición, la fuerza pública que más cerca debe estar del ciudadano, pero -en las circunstancias actuales de violencia, corrupción y temor social- no sabemos qué tan cerca y con qué clase de ciudadanos.
Las recientes amenazas que han recibido periodistas que investigan a la institución muestran que estamos frente a un organismo armado al que algunas de sus cabezas lo están volviendo intolerante, corrupto e ignorante de su rol en la sociedad y en el Estado.
La joven periodista Karol Noroña, por ejemplo, que hace un poderoso trabajo investigativo sobre la situación en las cárceles del país, no ha recibido amenazas de las mafias de narcotraficantes, como sería el caso de los choneros, los tiguerones o de los Jalisto Nueva Generación.
No, no ha recibido advertencias de ninguno de esos grupos, sino de los mandos de la Policía Nacional.
¿Y por qué de la Policía Nacional si, se supone, esta institución no tiene nada que ver con el proceso de las penitenciarías y prisiones en el Ecuador?
¿Si se cree, más bien, que las leyes y la estructura creada por el Estado para la seguridad en las cárceles es la que impide el control policial directo de los delincuentes hacinados en pabellones de máxima seguridad?
Karol Noroña, al denunciar estas hostilidades y riesgos bajo los que vive su día a día, no ha hecho otra cosa que decir su verdad. Lo que ocurra después con esta extraordinaria reportera será responsabilidad del Estado en su conjunto por su incapacidad de hacer lo que es elemental: dar seguridad a los ciudadanos.
Días atrás, un equipo de reporteros de la revista Plan V, dirigido por el periodista Fermín Vaca, que cubría los hechos que antecedían a la comparencia de la general Tannya Valera en la denuncia que le planteara el general Víctor Araus, fue obligado a borrar las fotos por abogados y policías encubiertos que esperaban en los juzgados a su comandante. Obligar a borrar fotos no es digno de una democracia. Son episodios que únicamente se viven en las más feroces e intocables dictaduras.
Días después, en una clara decisión de ocultar cosas o de verse manchados por las preguntas de los periodistas, la comandante general Tanya Valera convoca a una “rueda de prensa sin preguntas”, un eufemismo para ocultar su decisión de no transparentar nada y de difundir solo lo que ella quiere que se difunda. Eso también es censura, aunque sea disimulada.
Al final de esta semana (17-12-21) el periodista Paúl Romero, de Ecuavisa, que tuvo la certeza y el olfato de ir a la Contraloría General del Estado para solicitar lo que los mismos generales habían ido a mostrar, es decir sus cuentas bancarias, sorprendió al público cuando mostró que había altos oficiales con bienes muebles e inmuebles cuyo monto alcanzaba más de un millón de dólares.
La propia comandante de la Policía cuenta con un patrimonio personal de más de 800.000 dólares.
Paúl Romero no hizo ninguna conclusión, porque no era necesaria: suficiente con lo que mostró para despertar la suspicacia de los televidentes.
Y era lógico: con 4.000 dólares o 5.000 dólares que gana mensualmente un general durante cuatro o cinco años, ¿es posible que haya ahorrado tanto, que no haya tenido que cumplir ninguna obligación bancaria y que no gaste ni en vivienda ni en educación ni en salud ni en ningún otro rubro cualquiera como para que tenga ahorros tan cuantiosos?
¿No es elemental, al oír y ver semejantes cifras, que se despierte la curiosidad del público y se pregunte cómo es posible que tengan tanto dinero limpio (ojo con este adjetivo) sin haber cometido ninguna irregularidad?
¿No es obvio, además, que después de esta revelación la fiscal general del Estado, Diana Salazar, debería abrir una investigación inmediata a los altos oficiales a los que la embajada de los Estados Unidos en Ecuador ha llamado, en un claro afán de transparentar lo que estamos viviendo aquí, como “narcogenerales”?
Aunque la sede diplomática estadounidense no ha precisado los nombres, pese a los pedidos de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, el diagnóstico de la Embajada ha provocado un terremoto en los mandos de la institución y ha dejado entrever una peligrosa falta de verdaderos y eficientes procesos de investigación por parte de los organismos de seguridad estatal.
¿Dónde y en qué anda el coronel Fausto Cobo, director del Servicio de Inteligencia? ¿No es ese un tema de altísima trascendencia para el país?
Si las cosas se hicieran bien en el Ecuador, ¿no debieron ser Cobo y el organismo que dirige los que llegaran a esa conclusión y le dieran al presidente de la República herramientas suficientes para tomar decisiones?
¿Por qué el silencio del presidente Guillermo Lasso ante la contundencia de los indicios?
¿Por qué el secretario general de Comunicación y el vocero de Carondelet no han dicho nada acerca de este asunto? ¿Cuál es su rol, aparecer solo para dar noticias donde se victimizan, donde reciben dudosos premios internacionales o donde desatan sus teorías de la conspiración?
¿Cómo es posible que el Primer Mandatario no detenga ese trabajo sucio de un sector de la Policía dedicado a censurar al trabajo periodístico por medio de las amenazas, los insultos, la intimidación y el miedo?
¿Qué espera el Jefe de Estado para frenar esta creciente hostilidad de los mandos policiales frente a la libertad de expresión, un concepto del que hizo su bandera de lucha el presidente Guillermo Lasso cuando estaba en la oposición y cuando estuvo en campaña electoral y prometió que si él llegase a ser el mandatario del Ecuador “volvería a florecer” esa libertad de expresión?
Las cosas están de cabeza en el país. Los que se juegan la vida por denunciar y por exigir que se esclarezcan las cosas, están en peligro.
Los sospechosos, desde el otro lado, están a buen recaudo, protegidos por sus posiciones de fuerza, envalentonados porque aún permanecen en el poder y porque tienen las herramientas -por medio de sus esbirros- para amenazar al periodismo.
Aún recuerdo cuando el diario Hoy, en su mejor época, entrevistó al embajador norteamericano de entonces, Peter Romero, y este se despachó con una frase contundente dos días antes de que el pueblo derrocara al mediocre y fabulador presidente Abdalá Bucaram.
El titular, a seis columnas y en primera página, fue abrumador y decisivo: “Corrupción penetrante”. Y con eso bastó para que encajaran todas las piezas y se configurara en el entonces Congreso Nacional la decisión de la mayoría legislativa de cesar a Bucaram por “incapacidad mental para gobernar”.
¿Qué más información necesita el presidente Lasso para tomar decisiones valientes y drásticas y evitar que sigan creciendo las telarañas del narcotráfico y de la corrupción en el Ecuador?
¿Qué le hace pensar a Lasso que, realmente, tiene gente de su absoluta confianza en las instituciones de seguridad?
¿Por qué no hay un solo pronunciamiento del secretario general de Comunicación y del vocero de Carondelet para rechazar esta creciente violencia del alto mando policial en contra del periodismo libre?
El filósofo y periodista español Fernando Savater reflexiona sobre estos desencuentros entre los medios y el poder político:
“No se puede elegir entre gobierno o medios, porque el gobierno debe reconocer, aunque sea ácida y crítica, la imprescindible marcación de cordura que establece el periodismo. Aún los más críticos están para ayudar al que gobierna a no volverse loco. Esas es la función que tiene que elegir y agradecer un mandatario a la prensa que es la menos complaciente. Con su crítica, los periodistas de investigación y los medios a los que representan marcan los límites de la cordura gubernamental. Un gobierno debe ser cuerdo porque las democracias son un estado de cordura colectiva”.
El buen periodismo está habituado a vivir en la incertidumbre. El poder político, no. Por eso es bueno recordar, de nuevo y aunque suene reiterativo, aquella frase magistral del escritor George Orwell: “Noticia es algo que alguien no quiere que se sepa”.
Nunca más pertinente que ahora esa definición.
