Luego de tres años de análisis y con 131 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social.
Con esa norma se pretende eliminar las trabas que hay para aprobar ese tipo de proyectos y asegurar que el Gobierno y los municipios garanticen recursos para que las personas accedan a una vivienda, tomando en cuenta el alto déficit existente.
Según el informe presentado por la Comisión de Gobiernos Autónomos, hay un déficit de vivienda de 3 millones 100. Se requeriría construir 2 millones 500 mil nuevas y rehabilitar 600 mil. A esto se suma la falta de servicios básicos en los asentamientos en zonas rurales e incluso urbanas.
La Ley establece la obligatoriedad del Gobierno para crear bonos, incentivos y planes habitacionales de interés social, en la cual también deberá participar la empresa privada o las cooperativas.
Además, se deberán dotar a los GAD de instrumentos legales para que gestionen este tipo de viviendas y se les entregue recursos económicos para que construyan.
Mientras que los GAD deberán incluir en sus planes de uso y gestión de suelo zonas especialmente destinadas a estos proyectos.
Los municipios también deberán agilizar la regularización de los asentamientos y barrios ilegales, así como de los procesos de partición, subdivisión, desmembración, y lotización, para que los ciudadanos puedan contar con un título de propiedad que les permita acceder a los servicios básicos. (ASM)-(I).
