Quito.- Las declaraciones realizadas en diciembre del 2021 por el embajador estadounidense, Michael Fitzpatrick, en las que informó sobre el retiro de la visa de su país a jueces y “narco generales” ecuatorianos, siguen causando polémica.
La Contraloría anunció que revisará los patrimonios de los magistrados.
El contralor Carlos Riofrío dispuso el inicio de acciones de control a las declaraciones patrimoniales juramentadas de los jueces de la Función Judicial. Comenzarán después de una evaluación preliminar, en la cual se determinará el periodo a examinar, el alcance, la nómina de jueces y servidores judiciales a ser auditados.
Una acción similar se dispuso en la Contraloría el pasado 27 de diciembre, cuando inició la revisión de las declaraciones patrimoniales de 25 generales de la Policía Nacional para conocer si los bienes que poseen guardan relación con los ingresos obtenidos. Todavía no se ha informado sobre el resultado de estas auditorías.
Las acciones de la Contraloría comenzaron, en los dos casos, tras declaraciones de Michael Fitzpatrick que, en una primera instancia, habló de “narco generales” y, posteriormente, a inicios de esta semana, señaló a jueces y funcionarios judiciales.
La información
Carlos Ríofrío informó que buscará una reunión de intercambio de información con el embajador de Estados Unidos para que le dé detalles de los generales y jueces que estarían involucrados en casos de corrupción y narcotráfico, por lo cual se les habría retirado el visado de este país.
Pero en el último comunicado del pasado lunes, la Embajada señaló que los registros de visa son reservados, por lo que no pueden referirse a casos individuales.
Un intento similar por conseguir los nombres de los generales que se quedaron sin el visado lo hizo en vano Tannya Varela, comandante general de la Policía, y Alexandra Vela, ministra de Gobierno.
Ellas confirmaron la negativa de la sede diplomática en su comparecencia de ayer a la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional.
Pero la ministra de Gobierno dejó una posibilidad abierta en este aspecto; pues, aunque la Embajada estadounidense también se negó a entregarle los nombres de los uniformados a los que se les retiró la visa, se le dijo que esta información se la podrían remitir a través de un mecanismo de asistencia penal internacional.
Además ,Vela señaló que están investigando internamente a los generales.
Respeta decisión
Por su parte, Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, informó que respetará la decisión soberana de Estados Unidos y que los jueces están abiertos a que la Función de Transparencia, en la que está incluida la Contraloría, investigue si existe alguna irregularidad.
Los únicos nombres de quienes se les retiró la visa y que se han conocido hasta el momento fueron proporcionados por los propios involucrados: los oficiales de la Policía Nacional Víctor Araus, Pablo Rodríguez, Edgar Correa y Paulo Terán; y el abogado privado y expresidente del Tribunal Contencioso Electoral, Jorge Acosta.
Araus no pasó la prueba del polígrafo
En su comparecencia ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, Tannya Varela, comandante General de la Policía Nacional, se defendió de los ataques que el general Víctor Araus ha emitido en su contra acusándola de “inventarse” una reunión con el exministro de Gobierno, César Monge (+) , en la que le calificó desfavorablemente para su ascenso.
“Yo no he cometido ningún delito y tampoco he mentido o fingido una reunión; yo no actúo de esa manera”, dijo Varela, quien especificó la forma en la que Araus fue calificado: el 75% lo obtuvo de su trayectoria y la comandante no tuvo ninguna injerencia en esto, mientras que el 25 % obedece a cuatro ítems que incluyen la prueba de confianza que se aplica a través del polígrafo, la que el general no habría pasado.
“Me encantaría que muestre la prueba del polígrafo, que la muestre él con sus manitos”, dijo Varela, quien dejó entrever que Arauz no pasó la prueba de confianza y credibilidad a la que fue sometido por la Inspectoría General y Asuntos Internos de la Policía, en la que se mide si los uniformados han tenido beneficios ilegales, si han cometido un delito o si han entregado información con fines ilegales.
Varela informó que los últimos dos años se ha cesado de sus funciones a 161 policías que no pasaron la mencionada evaluación, y recalcó que ella “sí ha pasado todas las pruebas de polígrafo a la que le han sometido a lo largo de su carrera”.
Sin embargo, los asambleístas le pidieron a Varela una explicación sobre el audio en el que habla sobre el ascenso de Araus. Ella reconoció que sí es su voz, pero aclaró que está editado. (ASM)-(I).
