Según las autoridades de la salud, en el país la ola de contagios por la nueva variante del Covid-19 está ya en el pico más alto.
Resulta discordante, por decir lo menos, la decisión del Ministerio de Educación de retornar, desde el próximo lunes, a clases presenciales en aquellas condiciones.
Si bien el retorno será progresivo y los padres de familia tendrán la última palabra, la resolución en tal sentido preocupa.
A lo mejor muchos padres de familia optarán por no hacerlo. Prevalecerá el temor de potenciales contagios y su correspondiente réplica casa adentro; además hasta por sentido de conservación.
El Ministerio de Educación, secundado por estadísticas del de Salud, confía en la vacunación a niños, adolescentes y profesores.
No todos los planteles educativos tienen la infraestructura sanitaria ni los espacios suficientes para garantizar un aforo del 50 %. En otros, tampoco el 80 % de su personal y alumnos estará vacunado.
Esos son los requisitos sin los cuales el Comité de Operaciones Emergentes no puede aprobarles el Plan de Permanencia Escolar y Uso Progresivo de las Instalaciones Educativas.
Tentativamente este Plan garantizaría la seguridad para el retorno a las aulas. Si bien la interrelación entre profesores y alumnos es esencial, tampoco vale precipitarse; peor fiarse de la confianza demostrada por el Ministerio de Salud en cuanto a la mínima cantidad de muertos por el virus en estos últimos días: 12 de entre 1.000 casos.
O del razonamiento del Ministerio de Educación, según el cual en las aulas se controla el aforo, el uso de mascarillas, están libres los niños de eventuales maltratos, no así presuntamente en sus hogares, donde deben estar encerrados.
La UNE discrepa con tales resoluciones. La decisión la tienen los padres de familia y se la notará a lo largo de la próxima semana.
Pero podría reproducirse el sistema mixto: unos en clases presenciales; otros en la virtualidad, no siempre aceptable a la hora de evaluar la calidad de la educación, una de las secuelas causadas por la pandemia.
