Uno de los elementos consubstanciales de un régimen plenamente democrático es la denominada “separación de poderes”, un concepto formulado a mediados de siglo XVIII por el pensador francés Montesquieu, y con el cual se refería a que los “poderes” Ejecutivo, legislativo y Judicial del Estado debían estar en distintas manos, de manera tal que los abusos de uno de los poderes puedan ser frenado por los otros.
En el caso del Estado ecuatoriano, y cuando formalmente ha habido un régimen democrático, dicha separación nunca se ha dado plenamente; pues generalmente, por ejemplo, el Ejecutivo ha tenido intromisiones sobre el Legislativo y, sobre todo, sobre el Judicial y otros órganos de control del Estado, una situación que alcanzaría su máxima expresión durante el Gobierno del Presidente Rafael Correa.
SI bien durante los posteriores Gobiernos de Lenin Moreno y de Guillermo Lasso se habló de recuperar la plena independencia de los poderes del Estado; en la práctica, sin embargo, lo que se ha dado es principalmente una especie de “descorreización” de esos poderes, pero no una auténtica reinstitucionalización del Estado; pues de una u otra forma, especialmente el órgano Judicial y otros órganos de control del Estado, han continuado con una actuación selectiva en sus procesos de investigación, de procesamiento judicial y de control, condicionada por los intereses políticos del Ejecutivo de turno.
Para hablar de verdadera “independencia de poderes” , de órganos como la Contraloría, la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Electoral, la Corte Constitucional, las Superintendencias, etc., estos deberían estar en manos de gente que no tenga o no haya tenido vinculaciones con los Gobiernos de turno. Aún más, no se trataría sólo de garantizar la independencia de los órganos de control respecto al Gobierno, sino de preservar su independencia con respecto a cualquier otro tipo de organización o partido político; haciendo posible con esto la tan esperada despolitización y despartidización de los órganos de control del Estado; situación esta última que permitiría, al mismo tiempo, generar en Ecuador una institucionalidad estatal auténticamente racional, moderna y democrática. (O)
