Siete años después de la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman, la Justicia argentina continúa sus pesquisas para esclarecer las dos grandes incógnitas que sobrevuelan este caso: quién puso fin a su vida y por qué.
El procurador fue hallado muerto, por un disparo en la cabeza, en la noche del 18 de enero de 2015, horas antes de presentarse ante el Congreso para exponer su denuncia contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), hoy vicepresidenta, por presunto encubrimiento a varios sospechosos de terrorismo iraníes.
Su fallecimiento, investigado en un primer momento como un suicidio, fue catalogado como «homicidio» por la Cámara Federal de Casación Penal en junio del 2018, una valoración que no convence a todos los argentinos.
«EL CÍRCULO SE ESTÁ CERRANDO»
En sus comienzos, la investigación en torno al fallecimiento de Nisman estuvo plagada de irregularidades: al desempeño errático de las fuerzas policiales se sumó la reacción del propio Poder Ejecutivo, con varios de sus miembros comportándose «como si lo quisieran matar» incluso antes de su muerte.
Así lo manifiesta a Efe Federico Casal, abogado de las hijas de Nisman hasta finales del 2018, para quien la causa estaba «decididamente orientada a hacer pasar este homicidio por un suicidio», un rumbo que se «encauzó» cuando la Justicia Federal asumió las riendas de la investigación.
«Una vez que la causa pasó al fuero federal, se hizo un peritaje en la Gendarmería, en donde intervinieron más de 50 peritos. Este peritaje fue terminante: a Nisman lo mataron (…). Está acreditado judicialmente por una etapa del proceso que se trató de un homicidio», recuerda el letrado.
La investigación, que sigue en etapa de instrucción, se centra actualmente en la multitud de llamadas telefónicas que se sucedieron en las inmediaciones del apartamento del fiscal Nisman durante las horas posteriores a su muerte.
«El círculo se está cerrando», señala Casal, que se muestra «optimista» respecto al rumbo de una causa que «va a ser larga», por la ingente cantidad de pruebas que están siendo analizadas.
Hasta ahora, hay cinco procesados por la muerte del fiscal: el técnico informático Diego Lagomarsino, excolaborador de Nisman y acusado de «partícipe necesario» por ser el propietario del arma homicida, así como los cuatro custodios del procurador, investigados por supuesto incumplimiento de deberes y encubrimiento de homicidio.
TERRORISMO SIN CULPABLES
La muerte de Nisman también impactó de lleno en la investigación del mayor atentado perpetrado en suelo argentino hasta la fecha: el ataque contra la sede de la AMIA en 1994, que se saldó con 85 fallecidos y 300 heridos y continúa impune.
En opinión de Jorge Knoblovits, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), el compromiso de Nisman fue «determinante» para intentar aclarar este suceso, que la Justicia argentina atribuye a ex altos cargos del Gobierno de Irán y a la organización chií libanesa Hizbulá.
«La causa se ha quedado sin impulso procesal. La Fiscalía colegiada (la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA) la gobierna como puede, pero no hay un impulsor como Alberto Nisman», afirma a Efe Knoblovits, que define al fiscal fallecido como un profesional «honesto» y «entusiasta».
Nisman, que lideraba la investigación de ese atentado, había presentado cuatro días antes de su muerte una denuncia contra varios miembros del Poder Ejecutivo, entre ellos Cristina Fernández, por la firma de un «memorando de entendimiento con Irán» en 2013 que según el fallecido fiscal buscaba encubrir a los sospechosos iraníes.
Una acusación que la actual vicepresidenta siempre ha negado, al asegurar que ese acuerdo solo buscaba formalizar una investigación conjunta del ataque.
Casi siete años después, el pasado 7 de octubre el Tribunal Oral Federal 8 sobreseyó por unanimidad esa causa, al considerar que el memorando con Irán «no constituyó un delito».
DISCREPANCIAS SOBRE SU MUERTE
La muerte de Nisman, que este martes será recordada con una marcha nocturna en Buenos Aires, todavía divide a muchos argentinos en función de su afinidad política: así, algunos seguidores del oficialismo sostienen que el fiscal se suicidó; mientras que muchos de los partidarios de la oposición claman que fue asesinado.
«La Justicia tiene que trascender e imponer su verdad (…). En este país, la Justicia parece que no tiene la última palabra, sino que es el punto de partida para que muchos opinólogos y autores de relatos cuestionen lo que dice uno de los poderes básicos de la República», lamenta Federico Casal.
Para el presidente de la DAIA, una entidad que este año no celebrará actos presenciales de homenaje a Nisman por el avance de la pandemia, la muerte del fiscal debe ser considerada como un «magnicidio».
«El atentado contra edificios de la comunidad judía en la ciudad de Buenos Aires y la muerte del fiscal Nisman no es un tema de la comunidad judía, es un tema pendiente de resolución de toda la República Argentina», concluye Knoblovits. EFE
