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Asambleísta pide a la Contraloría investigar el proyecto eólico Minas de Huascachaca

La asambleísta Marjorie Chávez denunció presuntas irregularidades en el proyecto eólico Minas de Huascachaca. Caprura de pantalla

La asambleísta Marjorie Chávez, representante de Pichincha por el Partido Social Cristiano, presentó una denuncia en la Contraloría del Estado para que investigue presuntas irregularidades en contratos firmados por la empresa estatal Elecaustro, que son parte del proyecto eólico Minas de Huascachaca.

El proyecto eólico, que aportará con 50 megavatios (MW) está ubicado en el cantón Saraguro, de Loja. Su construcción está a cargo de la empresa china Dongfang Electric International, que a su vez creó una subsidiaria nacional con el nombre Donfang Ecuador. Esta última contrató los servicios conexos de la obra.

Los servicios conexos comprenden un servicio desde la llegada y recepción en puerto de los equipos, el traslado de estos por tierra, hasta la puesta en marcha y operación por dos años del parque eólico.

En una rueda de prensa, este jueves 20 de enero del 2022, la asambleísta dijo que llama la atención que «la entidad contratante haya autorizado al contratista internacional, en el contrato, a escoger arbitrariamente al proveedor nacional de los servicios conexos de transporte».

La asambleísta también asegura que los contratos celebrados por Elecaustro excluyen a proveedores nacionales. «El dinero de los ecuatorianos y su buen uso, debe destinarse para generar empleo. Urge la reactivación económica», aseguró.

En una entrevista previa con El Mercurio, Antonio Borrero, gerente de Elecaustro, aseguró que todos los procedimientos, lo que supone todas las fases del contrato general, se dieron respetando y observando en todo sentido la Ley ecuatoriana respecto a las condiciones en que debe darse un contrato de carácter internacional dentro del país.

Borrero sostiene que al haber sido Dongfang la ganadora del concurso internacional tiene la responsabilidad de ejecutar toda la obra, de manera integral, algo que incluye todas las fases del contrato, incluso el de servicios conexos. Afirma que parte del deber de la firma es garantizar el éxito de la ejecución y funcionamiento del parque eólico y la que debe dar cuentas al Estado ecuatoriano.

«Lo que queremos es investigar, que exista transparecia, que todo pueda ser aclarado», añadió Chávez. (I)


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