En los últimos días, por tercera ocasión durante su mandato, el presidente Lasso ha anunciado la convocatoria a una consulta popular, en esta vez ha dicho que sería para febrero del próximo año, conjuntamente con la elección de las nuevas autoridades locales.
Recordemos que la primera vez, a través del asambleísta Fernando Villavicencio, se anunció una consulta popular para, entre otras cosas, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, reducir el número de asambleístas y establecer un Parlamento con dos Cámaras. Luego, en una segunda vez, el Presidente advirtió con convocar a una consulta popular si es que la Asamblea no daba paso a su proyecto de Ley denominado “creando oportunidades”; contexto en el cual, incluso, no descartó una posible “muerte cruzada”. Y, finalmente, ahora el Presidente anuncia nuevamente una consulta para reformar el órgano Judicial del Estado, reformar el Consejo de Participación y establecer una nueva Ley Laboral.
En este contexto, pareciera que los anuncios periódicos de convocar a consulta popular se estarían convirtiendo en una especie de estrategia política del régimen, para presionar a sectores de la oposición en la Asamblea Nacional y conseguir la aprobación de sus propuestas legislativas, o para tener un distractor orientado a que la atención de la opinión pública esté en los temas de una posible consulta, soslayando la atención sobre temas esenciales de la política económica y de la política social.
Es constitucional y democrático que el presidente de la República convoque al pueblo a consulta, amén de que esto ya lo han hecho anteriores presidentes; pero cuando las consultas populares no se hacen sobre temas que conciernen a un mejoramiento significativo de las condiciones de vida de la gente, como ha pasado también en otros Gobiernos, las consultas populares pueden transformarse en meros instrumentos para usar a un pueblo, poco formado políticamente, en la consecución de determinados objetivos políticos, como la búsqueda de legitimación social (como lo hizo Fabián Alarcón), la profundización de medidas neoliberales (como lo hizo Sixto Durán Ballén), el control de la Justicia (como lo hizo Rafael Correa) y la “descorreización” pero sin reinstitucionalización (como lo hizo Moreno). (O)
