Las recientes declaraciones del embajador estadounidense Michael Fitzpatrick sobre la revocatoria de las visas de jueces -decisión soberana de cada país que no convierte a los revocados en corruptos- causó inusitado revuelo que, para bien o para mal, se trasvasó a la opinión pública. De forma inmediata, el Consejo de la Judicatura pidió a la embajada y a los jueces, la lista de los implicados. Sin embargo, la primera se negó a hacerlo, aduciendo prohibición legal. Por su parte, la Asociación de Judiciales también se rehusó a responder: acaso por la presunción de inocencia. Ahora bien, hay que aceptar que, como en todo, hay buenos y malos jueces. Allí está el emblemático caso Sobornos y varios más.
Así las cosas, cabe que nos preguntemos: ¿Por qué EE. UU., país líder en la lucha contra la corrupción no ha revocado la visa a Correa, quien, en el caso de diario El Universo fue sancionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?, organismo que, por su calidad de juez internacional echa por tierra la tesis de que Correa es un perseguido político. ¿Y por qué en el caso de los demás correístas prófugos no se les ha revocado la visa? ¿Por qué?
En el entendido de que a veces los ejemplos extremos ubican las cosas en su sitio exacto, cabe una pregunta capital: ¿Qué habría pasado si el embajador de Ecuador en EE. UU. hubiese revocado la visa a su homólogo norteamericano en Ecuador? ¿Qué? ¿Se le hubiese expulsado? Última pregunta: ¿Quién se inmiscuyó en la justicia ecuatoriana? (O)
