El derecho a la ciudad, señala Ana Cecilia Salazar, “apela a nuestra capacidad de incidencia sobre el espacio y sobre la calidad de las relaciones sociales, cambiando el diseño y la forma en la que se determina la arquitectura del espacio, el paisaje, las mentes y las emociones”. De allí que resulta importante cuestionarnos ¿qué tipo de ciudadanos y autoridades precisan los tiempos actuales?, ¿cómo asumimos la responsabilidad social que tenemos en el cuidado del bien común?, ¿conocemos la ciudad, sus necesidades y desigualdades?, ¿cómo afecta nuestra cotidianidad el PDOT y el PUGS que se discute estos días en el Cabildo?, ¿cómo actúan los grupos de poder con intereses privados locales, nacionales y transnacionales –bienes raíces, constructores, comerciantes y proveedores de materiales, mineros, operadores de turismo, etc.– a la hora de determinar los destinos de la ciudad?, ¿cómo evitar que el uso y la gestión del suelo profundice la marginalidad social al impulsar su crecimiento físico y económico? Las serias dificultades que tienen autoridades y funcionarios para trabajar con la ciudadanía y los diferentes actores sociales –más allá del debilitado tejido social existente– no permite vivir el derecho a la ciudad. Participación ciudadana no es sinónimo de informar a la ciudadanía, es diseñar y cuidar con ella el espacio común. (O)
