En Ecuador, la seguridad pública se ha colocado como una de las principales preocupaciones y demandas ciudadanas, tanto a nivel personal que en el ámbito público. El inusitado interés en esta materia de seguridad atiende, principalmente, a los devastadores efectos que se relacionan con el movimiento migratorio y refugiados, la miseria y hambruna de un porcentaje importante de compatriotas, la pandemia, las drogas, el narcotráfico, la delincuencia organizada y el narcoterrorismo. Con mayor frecuencia se incrementa la corrupción, la violencia extra familiar e intrafamiliar, las muertes violentas, el robo en todas sus formas y especialidades, así como otras situaciones que ponen en riesgo la dignidad y la integridad de las personas. Ante esta realidad el Estado Ecuatoriano, debe plantear nuevas estrategias que permitan asegurar el desarrollo y el bien común de sus gobernados. La insatisfacción de las necesidades básicas humanas es un factor que incide en la inseguridad pública, los índices actuales que se relacionan con la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, el alza de los precios de la gasolina y como consecuencia de ello, el incremento de costos en la canasta básica y la carestía de bienes y servicios ( que no hay autoridad alguna que controle, como si no hubiesen intendentes de policía, comisarios nacionales y municipales quienes actúen dentro de sus competencias y jurisdicciones) ha llegado a límites intolerables. Vale analizar que la conducta de una sociedad proscrita y relegada, necesariamente responde a la frustración de tales necesidades y frecuentemente son agresivas y contra productivas. Es decir si no se satisfacen las necesidades humanas básicas, aumenta la forma del comportamiento humano, respecto de los estándares sociales y de las normas jurídicas, fomentando las conductas delictivas. Ahora bien, frente a este panorama la policía nacional, ocupa un lugar primordial en materia de seguridad ciudadana, por ello, la legitimidad y eficacia de las actuaciones de estos servidores estatales son fundamentales, para promover la seguridad, la justicia y garantizar los derechos humanos en las sociedades democráticas como la nuestra, ya que es un instrumento de intervención social que tiene efecto en las principales formas de relación entre el Estado y la sociedad. Empero, las Leyes de nuestro país, y la constitución han limitado el accionar policial y por el contrario se ha extralimitado la protección a los delincuentes, por lo que es necesario y urgente dictar nuevas leyes y una nueva Constitución, que garantice la paz y tranquilidad de los ciudadanos y no beneficie a los delincuentes, para ello se debe actuar sin dilaciones o nos convertiremos en el nuevo estado libre de Sinaloa, en donde nadie estará seguro, ni libre de la delincuencia y el crimen organizado. (O)
