La Corte Constitucional de Ecuador respaldó este viernes el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre su territorio en el conocido como Caso Sinangoe, tras la demanda de la nacionalidad amazónica Cofán de que no fue consultada sobre decenas de concesiones mineras en sus tierras ancestrales.
«Esta Corte ratifica las sentencias dictadas por el juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Gonzalo Pizarro de la provincia de Sucumbíos y la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos», reza la sentencia del alto tribunal sobre la demanda interpuesta por la nacionalidad indígena afectada y la colaboración de la ONG Amazon Frontlines.
El tribunal Constitucional también indicó en su sentencia emitida hoy en Quito que se deben llevar a cabo medidas de reparación ordenadas en la última instancia judicial que vio el caso, que recordó, «son de obligatorio e inmediato cumplimiento».
En 2019 la Corte Provincial dictó una resolución considerada histórica por las organizaciones de derechos humanos para la comunidad de Sinangoe, cuyo caso fue seleccionado por la Corte Constitucional de Ecuador para sentar jurisprudencia a nivel nacional respecto a las numerosas vulneraciones del derecho a la consulta previa e informada de los pueblos indígenas.
«Hemos logrado hoy día una victoria más, un fallo favorable», manifestó a Efe Nixon Andy, líder de la guardia de en la comunidad de Sinangoe.
Para Amazon Frontlines el fallo garantiza el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre su territorio y proteger así 9.300 hectáreas de selvas, bosques y otros ecosistemas indispensables para sostener el equilibrio climático del planeta.
«Ahora cualquier proyecto minero, cualquier empresa minera que quiera venir acá a nuestro territorio tiene que hacer caso a nuestra decisión, nuestra decisión es nuestro voto, es nuestro territorio», acotó Andy desde el territorio Cofán.
En las anteriores instancias la comunidad demandó el hecho de no haber sido consultada sobre 52 concesiones mineras para la exploración y explotación de oro en su territorio ancestral atravesado por los ríos Chingual y Cofanes, con los que la población tiene un especial vínculo.
Pese a que la sentencia de la corte de Sucumbíos data de febrero de 2019, la nacionalidad había denunciado que las medidas de reparación que establecía han sido incumplidas, especialmente por parte del Ministerio del Ambiente.
En enero pasado un nutrido grupo de representantes de diferentes nacionalidades indígenas de Ecuador acudieron a la sede de la Corte Constitucional en Quito, para entregar las 365.515 firmas de respaldo recogidas en todo el mundo.
El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, emitió en julio pasado un decreto para intentar duplicar la producción petrolera del país, acción calificada de «inconstitucional» por organizaciones sociales, que le acusan de hacerlo sin mediar la obligatoria consulta a las comunidades que podían ser afectadas.
Las organizaciones indígenas aseguran que su experiencia, a lo largo de décadas de extracción petrolera en el Amazonía, pone de manifiesto que los beneficios de dichas actividades extractivistas no llegan a las comunidades y que, además, entrañan el alto riesgo de desastres irreparables para la naturaleza y la vida de los pueblos originarios. EFE
