Hasta un pasado no muy lejano se identificaba a las prisiones con lugares garantizados por los gobiernos con poder para sancionar. Visiones exageradas consideraban que quienes en ellas estaban recluidos era por “venganza” de la sociedad por cometer delitos contra los ciudadanos y atentar contra el orden y seguridad de sus integrantes precautelada por los Estados con poderes especiales para este propósito. Imágenes de mazmorras con un mínimo de atención “habitadas” y servicios mínimos de supervivencia, a veces con ratas y cucarachas, están en el recuerdo de la historia de la vergüenza humana que, creemos, ha sido superada.
En nuestro tiempo, prima la idea de que el delincuente es un desadaptado social, que tiene esa condición en gran medida por defectos de la colectividad y que las prisiones, más que de castigo, son centros de rehabilitación en los que, mediante sistemas educativos apropiados durante el tiempo de reclusión, superarán esa condición. El término cárcel ha sido sustituido, con optimismo, por centros de rehabilitación con la idea de que, luego de la condena, se reincorporarán con normalidad a la vida tradicional, desapareciendo su condición de delincuentes. Muy difícil establecer el porcentaje en el que estas esperanzas se cumplen.
Se espera que en estos lugares los sistemas de control sean tales que desaparezcan los atentados contra la vida. Es extraño, por decir lo menos, la frecuencia con la que en nuestro país –especialmente en Guayaquil- se den asesinatos por parte de unos presos a otros y que los internos cuenten con armas. No es un hecho aislado sino frecuente. La impresión es que estos reclusos sean parte de bandas criminales organizadas, con frecuencia de narcotráfico. Es evidente que se burlan de los medios de control. No tenemos receta para evitar este problema, pero debe el Estado reforzar los sistemas de control internos, ya que, en lugar de rehabilitación, son lugares de venganzas.
