En abril del año pasado, fue detenido Pablo Celi, Contralor General de la Nación, por denuncias graves de corrupción en su contra. Un mes más tarde fue encarcelado Freddy Carrión, Defensor del Pueblo, por una demanda de abuso sexual. Ambos funcionarios intentaron designar a sus reemplazos, desde la prisión, y en medio de un conflicto jurídico aún no aclarado del todo hasta la fecha. En días pasados, renunció a su cargo de Presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, María del Carmen Maldonado y, asimismo, como si se tratara de un hado maligno que afecta a las instituciones estatales, las decisiones sobre su reemplazo se encuentran empantanadas.
Si en un club barrial o en un comité pro mejoras de nivel parroquial, por a, b o c circunstancias, falta de manera temporal o definitiva el titular, pues, llana y sencillamente lo reemplaza al vicepresidente y, a falta de éste, seguramente el primer vocal del directorio. Cómo entonces podemos entender que, en instituciones de semejante jerarquía, en lo que a funcionamiento del Estado se refiere, el reemplazo de quienes las presiden se vuelve una tarea más difícil e intrincada, que las decisiones arbitrales del colombiano Román en el último encuentro Ecuador-Brasil. Obra de quienes en su momento legislaron al respecto y que, a pesar de que asumieron sus funciones desprestigiando las artimañas de la politiquería tradicional, una vez en el poder, pusieron en práctica la inveterada estrategia de que “hecha la ley, hecha la trampa”, pero con estilo corregido y aumentado. Estamos cosechando, y que nadie dude al respecto, 14 años de fantochería y cinismo, que incluyeron disposiciones legales “calculadas” cuyo fin siempre apuntó a que la “banda” pueda perpetuarse en el poder.
Las leyes del dictador Ortega en Nicaragua, que controlan, entre otras linduras, “la conspiración para menoscabar la integridad nacional”, han permitido el enjuiciamiento a puerta cerrada de 40 opositores políticos y, esta semana, han rematado con el cierre de 7 universidades, “mal vistas” por la dictadura. Solo son un ejemplo de que la manipulación de las leyes apunta a sojuzgar a los pueblos. (O)
