Como «golpistas» calificó Sofía Almeida a sus cuatro compañeros: Hernán Ulloa, Francisco Bravo, Ibeth Estupiñán y Fernanda Rivadeneira, quienes ayer la removieron del cargo de presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC), acusándola de incumplimiento de funciones. También fue removido del cargo el vicepresidente David Rosero.
Posteriormente, los consejeros de la nueva mayoría nombraron a las nuevas autoridades: Hernán Ulloa es el nuevo presidente; y María Fernanda Rivadeneira, vicepresidenta.
Mientras los consejeros se reunían en la sala de sesiones del CPC, de forma paralela Almeida brindaba una rueda de prensa virtual, advirtiendo que las acciones de sus compañeros eran ilegales.
Dijo que significaban un “golpe de estado” en su contra, y eran una inje- rencia del Ejecutivo, pues contarían con protección de la Policía Nacional, que ayer rodeó las instalaciones de la institución.
“Se está configurando lo que yo he venido denunciando meses atrás: un caos, la implosión del CPC, el boicot contra el CPC, para apoderarse del mismo y elegir a las autoridades a dedo, afine a quienes los están patrocinando a estos cuatro golpistas; no quiero pensar que esto es con ayuda del Gobierno, porque está la Policía ahí”, dijo Almeida.
Antecedentes
La pugna en el CPC inició el pasado 27 de enero, cuando en la sesión permanente número 3, los hasta entonces consejeros de minoría lograron sumar el apoyo de Ibeth Estupiñán y consiguieron los cuatro votos para modificar el orden del día e incluir el análisis de la remoción de Almeida. Sin embargo, David Rosero, quien asumió la presidencia temporalmente, suspendió la sesión.
Precisamente esa suspensión y la negativa de reinstalarla fue lo que le costó el cargo a David Rosero, quien al conocer que ayer también se trata- ría su remoción, la convocó para el próximo martes, pero ya fue tarde.
A través de una llamada y luego por Zoom, Rosero se defendió argumentando que él no podía convocar una sesión en la que había temas legales por resolverse. Se refería a una acción de protección que Almeida solicitó pero que ya fue revocada.
Pese a que ya fue removida, por la tarde Sofía Almeida ingresó a las instalaciones del CPC, de las cuales aseguró que no saldrá, por lo que el asunto todavía no tiene un desenlace.
Argumentos
Los consejeros se basaron en el artículo 55, numeral 5, del Código Orgánico Administrativo (COA), que permite que los cuerpos colegiados analicen la remoción de sus autoridades, lo cual fue ratificado por un pronun- ciamiento de diciembre del 2019 de la Procuraduría General del Estado.
Sobre las razones para destituir a Almeida, los consejeros expusieron muchas. Entre ellas: la convocatoria a las sesiones las hacía extemporáneamente, las suspendía sin justificación, las interven- ciones de los consejeros eran silenciadas, se los sacaba de las reuniones virtuales; y, la más importante, hay represados seis concursos de autoridades, que no han avanzado por la serie de suspensiones.
Para María Gabriela Alvear, quien presentó la acción de protección en contra de la designación del Defensor del Pueblo hecha por CPC liderado por Sofía Almeida, lo actuado ayer por los consejeros no solo es legal, sino legítimo, pues considera que nunca debió asumir el cargo de presidenta.
“Sofía Almeida nunca cumplió con el requisito de ser una persona con antecedentes de lucha contra la corrupción y por el respeto a los derechos de participación. Tiene formación en Administración de Empresas, que no tiene nada que ver con los antecedentes que se necesitaban para ser miembro del CPC”, explicó
Para el jurista y politólogo Mauricio Alarcón, lo decidido ayer se enmarca en lo legal; pero sobre todo tiene un trasfondo político y
partidario, pues lo que realmente se ha producido es una pugna por el poder que significa tener el manejo del CPC, donde se designan a las principales autoridades del país.
