La tragedia de la semana pasada en Quito no se debió solamente a las fuerzas de la naturaleza. Se debió a la actitud de administraciones municipales que en varias ciudades del país permiten asentamientos en lugares de alto riesgo y no aplican normas básicas de seguridad para las construcciones que allí se levantan.
Las causas formales de la tragedia de La Gasca han sido ampliamente explicadas en estos días: lluvias en una magnitud inesperada que generaron un aluvión de grandes proporciones.
Las causas no dichas son: la actitud complaciente de administraciones municipales que para no enemistarse con futuros votantes permiten que gente pobre construya sus viviendas en zonas que son de alto riesgo. Y, que posibilitan que traficantes de tierras (los coyoteros de las invasiones) hagan dinero y subasten a los políticos los votos de sus clientes.
Hay varios estudios, que hablan de que en Quito existían más de doscientas quebradas que poco a poco desde tiempos coloniales han sido taponadas para dar paso al crecimiento urbano. En el siglo pasado, Quito creció más de cuarenta veces y parte de ese crecimiento se dio en las laderas del Pichincha. La gente con más posibilidades ocupó zonas seguras o bajó a los valles. La gente pobre, en cambio, trepó a la montaña y en sus laderas construyó viviendas. Invasiones de tierras, favores electoreros, indolencia, permitieron que eso ocurra. Las tragedias no se dan todos los días, pero llegan de tarde en tarde con muertes y destrucción.
Todos lamentamos la tragedia de La Gasca. Ojalá sirva de ejemplo. Que los municipios no vuelvan a tolerar asentamientos en zonas de riesgo y luego culpar a la naturaleza. Y peor justificar diciendo que se hacen allí porque los pobres no tienen a dónde ir a construir sus viviendas. Permitir eso es pensar que, como son pobres, no importa que mueran o pierdan lo poco que tienen. (O)
