La lucha por el poder en democracia es legítima, y quien legitima el acceso a él es el pueblo en las urnas.
En ese contexto, el interés nacional está por encima de todo. El equilibrio de poderes abona para ese objetivo; ni se diga la oposición política, siempre dentro de los límites de la racionalidad, de también proponer, no solo de criticar, de censurar.
Pero algo anda mal en Ecuador. La institucionalidad está resquebrajada. Salen a la luz otros intereses, protervos los más, aupados por grupos supuestamente antagonistas entre sí.
Una clara señal de ese resquebrajamiento se ve en el Consejo de Participación Ciudadana, una institución creada (¿a propósito?) para tomarse el timón del Estado.
Se le entregaron varias atribuciones del poder Legislativo bajo el pretexto de evitar la politización en el nombramiento de autoridades para la Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, del Consejo Nacional Electoral, Superintendencias, Defensor del Pueblo, Defensor Público.
Los ecuatorianos conocen las actuaciones de los elegidos para esas dignidades. Unos están prófugos, otros procesados, otros cuestionados y prorrogados en sus funciones; sin olvidar a un propio expresidente del Consejo de marras, purgando una condena por corrupción.
Los últimos sucesos en tal Consejo muestran una lucha sin cuartel para tomarse su dirección. No deben ser gratuitas las acciones, torpes las más, para entorpecer la designación del nuevo Contralor, por ejemplo; ni se siga para la renovación parcial del CNE.
Y ahora con dos presidentes, producto del “reino” de las mayorías, otro dogal sobre la gobernanza del Estado y fuente de corrupción, prebendas y deslealtades. El uno, ya posesionado y avalado por el Ministerio del Trabajo; la otra, tras ser removida, aferrada al cargo hasta con huestes propias, y a última hora con una acción de protección, otro recurso moldeable según los intereses.
En esta pugna por comandar el CPC, parece no importar el país, menos la transparencia, la dignidad, el decoro y, acaso, hasta la democracia.
