La renuncia presentada por María del Carmen Maldonado a la Presidencia del Consejo de la Judicatura –CJ- y las precipitadas decisiones que adoptó al final de su gestión causó una conmoción nacional que mantiene a la opinión pública en vilo. Sin entrar en otras consideraciones, veamos a contraluz lo acontecido en el cuestionado caso: 1) La Presidenta del CJ, revoca su decisión mediante la cual suspendió en sus funciones –con fines investigativos- al Fiscal Juan Carlos Izquierdo, considerado como presunto autor del femicidio de la modelo manabita Naomi Arcentales, quien fue pareja del suspendido; 2) La sentencia de la Corte Constitucional –CC- emitida el 28 de enero del año en curso que: “retira de la presidencia (CJ) la facultad de dictar la medida de suspensión para funcionarios judiciales…”, cuyo efecto inmediato fue dejar sin esa potestad a la señora Maldonado, como –obviamente- la de revocar las suspensiones, por ser consecuencia de aquella, facultad que fue transferida al CJ en pleno. y, 3) La decisión con que revocó la suspensión en referencia, dictada el 2 de febrero del presente año, esto es, bajo la plena vigencia de la mencionada resolución de la CC, por lo que la violó y se arrogó una atribución que le había sido “retirada”.
Ahora, bien, sus clarificadores antecedentes demuestran de manera concluyente que la presidenta del CJ emitió la revocatoria de la suspensión del Fiscal Izquierdo cuando la CC “le había retirado esa facultad”, es decir, que al hacerlo se habría arrogado la atribución de la que fue privada. Cabe subrayar que en un caso similar –me refiero al de Sabett Chamoun-, quien, en su momento, aduciendo ser Subcontralora Subrogante, asumió indebidamente la función de Contralora, por lo que fue sentenciada “a un año de cárcel por el delito de usurpación de funciones”. En el caso de la expresidenta del CJ, la usurpación salta a la vista.
Además, la exfuncionaria revela doble moral manifiesta, cuando en su renuncia por un lado revoca la suspensión de funciones al cuestionado fiscal Izquierdo, y por otro, se autodenomina defensora de la “corrupción y la violencia” ¿Quién entiende tanta incoherencia de la señora Maldonado? Se trata de un caso peliagudo. ¿Verdad? (O)
